■ Sólo dijo que se erogaron 400 mdp, los cuales fueron aplicados por cinco dependencias
■ Reconoce que el pago a proveedores de gobierno se retrasa, pero se debe a trámites
Programas de valores para la familia, capacitaciones a trabajadores en Word, Excel y Power Point, certificaciones a las dependencias de gobierno y la promesa de solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Auditoría Superior del Estado (ASE) fiscalicen los gastos del Centenario de la Toma de Zacatecas, son algunos de los logros que la Secretaría de Administración presumió respecto de 2014.
El titular de la dependencia, Le Roy Barragán Ocampo, acudió ayer a comparecer ante los diputados de la 61 Legislatura con motivo del cuarto Informe de Gobierno. Aunque se hubiera pensado que uno de los temas centrales habría sido el de los gastos por los festejos del Centenario de la Toma de Zacatecas no fue así, pese a la polémica y las especulaciones desatadas.
Inclusive no se mencionó que tanto él como la Sefin han clasificado la información como confidencial, por poner en riesgo la seguridad del estado. Además Barragán está denunciado penalmente por presuntos delitos de corrupción relacionados a las compras y licitaciones de la Toma de Zacatecas.
El funcionario se limitó a decir que se erogaron 400 millones de pesos, 300 millones federales y 100 millones locales, los cuales fueron aplicados por cinco dependencias. Dijo que se han completado los expedientes, aún falta un recurso por pagar y la semana entrante se hará la solicitud a la ASE y ASF para que sean fiscalizados minuciosamente, “esa es la vía que corresponde, no otra”.
Por otro lado, Barragán Ocampo detalló los programas de capacitación y talleres brindados a 3 mil servidores públicos, las 484 certificaciones a nivel internacional obtenidas para burócratas y los cursos de Word, Excel y Power Point a 228 empleados.
Consideró como uno logro de su administración la Expo Feria Gobierno, a la cual los servidores públicos llevaron a sus niños para que conocieran dónde trabajan sus padres, “con ello se fortaleció la unidad familiar”.
Respecto de las adquisiciones hechas por gobierno, dijo que el monto adjudicado a los proveedores locales fue de 109 millones 703 mil pesos y no se han interpuesto inconformidades ante ninguna instancia.
A la fecha hay mil 500 proveedores registrados, antes de este sexenio eran entre 400 y 500. Debido a las inconsistencias de la pasada Ley de Adquisiciones, se pronunció por actualizarla y para ello se trabaja.
Habló de la implementación de una maestría en juicios orales, la puesta en marcha de un consultorio integral del IMSS para dar servicio médico a lo trabajadores en Ciudad Administrativa. Alguna numeralia del parque vehicular que asciende a 3 mil 309 unidades, algunos modelo 1980, 90 de ellos de 1981 a 1990 por lo que se requiere renovarlos. Reconoció además que el pago a los proveedores de gobierno se retrasa, pero se debe a trámites.
Una de las principales quejas que se han dado en el último año es la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los burócratas, el cual dijo el funcionario, es un mandato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y no hay marcha atrás.
Las preguntas que los diputados hicieron al funcionario versaron en temas de licitaciones, capacitaciones, retención de ISR y el programa denominado Valores para la Familia. En ningún momento fueron ríspidas ni críticas las réplicas a las respuestas del secretario. Tampoco estuvo presente la oposición.
Quieren confundir los conceptos; bonos millonarios son los que se están criticando: Soledad Luévano
Tras las declaraciones de los funcionarios de Gobierno estatal sobre los datos y documentos presentados por la diputada Soledad Luévano, la legisladora señaló que se está tratando de confundir los conceptos de sueldos, compensaciones y bonos.
Expuso que los sueldos y compensaciones son recursos que reciben todos los trabajadores. No obstante, los bonos de productividad son las partidas millonarias referidas que se asignan a los funcionarios de primer nivel, dijo.
Además, Soledad Luévano aseguró que en las intervenciones de los secretarios durante sus comparecencias en el Congreso del estado “trataban de confundir a los trabajadores de que yo quiero que se quiten las compensaciones”, pero desmintió rotundamente estas afirmaciones.
En cuanto a los bonos, comentó que “no critico que se lo distribuyan, sino las cantidades millonarias, porque son legales, se pueden entregar y distribuir, pero se critica que sean cantidades millonarias habiendo tantas necesidades”.
Nuevamente recordó que la cifra que se desprende de este rubro es de 634 millones de pesos en los últimos cuatro años, lo que representa 80 millones de pesos anualmente en bonos.
Al respecto, por tanto, sugirió que “se analice la entrega de los bonos y, como sí son legales, que sean de menor cantidad y la diferencia se enfoque” a otros ámbitos.
También hizo referencia al señalamiento que se hizo en la segunda glosa acerca de que ella también recibió estos bonos siendo funcionaria de Gobierno del Estado. En este sentido, sostuvo que lo que percibía eran 52 mil pesos mensuales por concepto de salario y compensación, pero sentenció que de “bono de productividad, nunca”.
