Hay declaraciones que pasan por los medios durante unas horas y terminan perdiéndose entre la información cotidiana. Pero hay otras que, por la responsabilidad de quien las pronuncia y por lo que revelan, obligan a detenerse. La declaración del secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, realizada el pasado martes 2 de septiembre, pertenece a esta segunda categoría.
El funcionario reconoció públicamente que grupos criminales han intentado cooptar a directores de policías municipales mediante ofrecimientos económicos de hasta 50 mil pesos mensuales a cambio de permitirles operar en sus territorios. Algunos de esos mandos, según lo informado por el propio secretario, habrían reportado las presiones y mostrado capturas de pantalla de los mensajes recibidos.
La cifra, por sí misma, puede llamar la atención. Pero no es lo más importante. Lo verdaderamente grave es lo que hay detrás de esos ofrecimientos: el intento de penetrar una institución cuya responsabilidad fundamental es garantizar la seguridad de los ciudadanos y hacer valer la autoridad del Estado en el territorio.
Porque un director de seguridad pública municipal no está aislado. Tiene un jefe político: el presidente municipal. Y entonces aparecen preguntas que no pueden quedarse en el aire. ¿Qué saben los alcaldes de estas presiones? ¿Qué hacen cuando uno de sus principales funcionarios de seguridad o de algún otro rubro recibe una propuesta de esta naturaleza? ¿Se informa inmediatamente a las autoridades investigadoras? ¿Se levantan denuncias? ¿Se abren carpetas de investigación? ¿Se solicita protección para quienes rechazan esas ofertas?
Y hay una pregunta todavía más incómoda: ¿realmente es opcional rechazar un ofrecimiento de una organización criminal? Por supuesto que ningún funcionario puede justificar la corrupción. Un servidor público tiene la obligación de rechazar cualquier intento de cooptación y denunciarlo. Pero tampoco podemos ignorar que, cuando detrás de la oferta existe la capacidad de ejercer violencia, ya no estamos frente a una simple decisión entre aceptar o rechazar dinero. Puede existir una amenaza y, frente a ella, comienza otra responsabilidad del Estado: garantizar que quien diga que no pueda seguir diciendo que no sin quedar expuesto a una represalia.
Por eso la declaración del secretario no debería terminar en una conferencia de prensa ni en una nota periodística. La pregunta central es qué ocurrió después. Si existen mensajes, capturas de pantalla, nombres, teléfonos, testimonios y otros elementos de prueba, ¿qué autoridad los está investigando? ¿La información fue entregada a la Fiscalía General de Justicia del Estado? ¿Llegó a las autoridades federales? ¿Se integraron carpetas de investigación? ¿Se establecieron mecanismos de protección para los funcionarios que denunciaron?
No se trata de pedir un espectáculo mediático. Se trata de saber si el Estado está actuando frente a una amenaza que él mismo reconoce. Y aquí aparece una pregunta que merece especial atención.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que el Operativo Enjambre no significa investigar indiscriminadamente a todos los presidentes municipales o corporaciones. Su actuación parte de denuncias, evidencias e investigaciones que permitan identificar posibles vínculos de autoridades con organizaciones criminales.
Entonces, si en Zacatecas existen denuncias de intentos de cooptación, evidencia documental y funcionarios que han informado de estas presiones, hay una pregunta inevitable: ¿el secretario de Seguridad Pública ya dio parte de esta información a las autoridades federales? Y, a partir de ahí, una segunda pregunta: ¿estamos ante la antesala de un Operativo Enjambre en Zacatecas?
No afirmo que así sea. No existe, hasta ahora, evidencia pública suficiente para sostener que una intervención de ese tipo ya esté en marcha o haya sido solicitada específicamente a partir de estas declaraciones. Precisamente por eso hay que preguntar.
El problema, entonces, ya no puede reducirse a cuántos delitos se cometen o cuántos elementos policiacos hay en las calles. La discusión es más profunda: qué tanto puede penetrar una organización criminal en las instituciones encargadas de combatirla. En otras palabras, la disputa no es únicamente por la seguridad; es por la capacidad del Estado para ejercer autoridad sobre su propio territorio.
Y si el Estado sabe que existe ese intento de penetración, la sociedad tiene derecho a conocer qué sigue. Si hay pruebas, que se investiguen. Si hay amenazas, que se proteja a quienes las denuncian. Si existen funcionarios involucrados, que respondan ante la justicia.
Pero si la autoridad sabe y nada ocurre, entonces la pregunta deja de ser solamente qué está haciendo el crimen organizado. La pregunta es mucho más profunda: ¿qué está haciendo el Estado?
