La Gualdra 589 / Dossier Libros de Texto Gratuito 2023
Por Germán Mercado
Desde la concepción misma del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se buscó instaurar un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales donde nadie quedara excluido.
Para tal efecto, se definieron o establecieron las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible que perseguía el país, así como los logros que debían alcanzarse en el año 2024, fundados en 12 Principios Rectores, tres Ejes Generales y la Visión hacia la siguiente administración.
Como puntos medulares del nuevo consenso nacional que habría de consolidarse, se establecieron como Principios Rectores de observancia para todas las dependencias y organismos, los siguientes: Honradez y honestidad; No al gobierno rico con pueblo pobre; Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie; Economía para el bienestar; El mercado no sustituye al Estado; Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; El respeto al derecho ajeno es la paz; No más migrantes por hambre o violencia; Democracia significa el poder del pueblo; y Ética, libertad, confianza. Los tres Ejes Generales, por su parte, fueron precisados como: Política y Gobierno, Política Social y Economía.
En ese contexto y haciendo abstracción a las cuestiones acerca de los contenidos y los yerros evidentes en cuanto a su redacción, es que pretendemos exponer un punto de vista particular sobre los Libros de Texto Gratuitos, cuestionando más que la ideología que los inspira o el adoctrinamiento que se dice contienen, la forma bajo la cual vieron la luz, confrontándolos precisamente con los Principios Rectores descritos, en particular, aquéllos que establecen el principio de legalidad: “Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie”, y el de la no exclusión: “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”.
La nueva visión del desarrollo nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, reconoce en el Estado un papel más activo, orientador del crecimiento económico, impulsor de un desarrollo más equitativo e incluyente y garante de los derechos sociales de la población, principalmente de los más necesitados; en ese mismo tenor, se concibió a la educación como una condición necesaria para alcanzar mayores niveles de bienestar para la población; además, de ser un derecho constitucional de los mexicanos, sin exclusión alguna.
Fue así como la política educativa gubernamental se orientó al fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional, pretendiendo convertirla en una poderosa herramienta de transformación social con el propósito de conducir a una formación más sólida de los niños, los adolescentes y los jóvenes, que debería contribuir a la disminución de los índices de pobreza del país y erradicar los elevados grados de violencia que se viven actualmente.
Los postulados anteriormente descritos son acordes con las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Educación en vigor, que en su artículo 2, claramente establece como prioridad estatal, el interés superior de los niños así como el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional, así como el fomento de la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, también de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes (Artículo 3).
No obstante, los compromisos asumidos y las disposiciones legales aplicables, en lo relativo a la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos, el Gobierno Federal claramente se apartó de ellos, y aun sin exponer con claridad la razón con base en la cual se elaboraron los contenidos de los aludidos libros de texto, dispuso se reservara la información relativa al procedimiento de su creación, como si ello se tratara de un secreto que, conocido por la sociedad civil, pudiera poner en riesgo la seguridad de la Nación, lo que desde luego incumple no sólo con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo, sino que es contrario a las disposiciones de la Ley General de Educación expedida por el propio Gobierno actual, particularmente, la fracción IV, del artículo 113:
“Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: (I, II, III.)
- Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso;”(el subrayado es propio.)
No resulta complicado entender que, a la hora de elaborar los libros de texto, se dejaron de atender las disposiciones contenidas en el precepto legal citado, cuenta habida que no se permitió a todos los integrantes del sistema educativo nacional, participar en su elaboración o en su edición, y solamente hasta que fue concluido ese procedimiento, se hicieron del conocimiento público, impidiendo de esta manera que los interesados participaran en su elaboración, tal como lo ordena el dispositivo legal precitado, negando posteriormente a la sociedad civil la posibilidad de conocer la forma en la cual se llevó a cabo la multicitada elaboración de los libros de texto.
