En México, el debate sobre cuál debe ser el origen de la autoridad en ciertas instituciones clave no es nuevo, pero hoy vuelve a primer plano. La paulatina extinción de órganos autónomos, la reforma al Poder Judicial —impulsada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y concretada por Claudia Sheinbaum— y, ahora, la idea latente de elegir por voto popular a los consejeros del INE, son capítulos distintos de una misma discusión. ¿Hasta dónde democratizar, y cuándo preservar espacios técnicos a salvo de la grilla partidista?
Sheinbaum ha anticipado que le parece buena idea que los consejeros electorales sean electos por la gente, siguiendo el modelo que recientemente se aplicó a jueces y magistrados. Sobre el papel, parece un avance democrático, el de terminar con el reparto de cuotas entre partidos y devolver a la ciudadanía el control sobre el árbitro electoral. Sin embargo, la pregunta de fondo es más compleja y nos remite a un debate que ha acompañado a la política prácticamente desde sus orígenes: el gobierno del pueblo frente al gobierno de los mejores.
En la filosofía clásica, Platón defendía que los asuntos de la polis debían quedar en manos de guardianes filósofos, una élite ilustrada que decidiera en beneficio de todos. Su argumento era que la mayoría carece del conocimiento y la prudencia necesarios para gobernar. La democracia, por el contrario, parte de la premisa opuesta: los ciudadanos comunes deben decidir sobre los asuntos públicos. En la teoría política contemporánea, Robert Dahl identifica la idea de un “gobierno de guardianes” como la rival más persistente de la democracia, mientras que Chantal Mouffe advierte que la obsesión por el consenso tecnocrático ha vaciado de contenido político la vida democrática.
Hoy, esa tensión se expresa en dos críticas opuestas a la democracia representativa. Una, voy a llamarla populista (sin ningún sentido peyorativo), acusa a las instituciones de ser demasiado elitistas y propone radicalizar la democracia. Someter a votación directa incluso los cargos técnicos, desde jueces hasta consejeros electorales. La otra, la tecnocrática, acusa a la democracia de ser demasiado indulgente con las pasiones de la mayoría y busca limitar la influencia popular en ciertas áreas, para garantizar decisiones basadas en evidencia. Ambas visiones tienen su parte de razón… y sus riesgos.
El caso mexicano es ilustrativo. Durante la transición democrática, se crearon órganos constitucionales autónomos para “blindar” funciones sensibles del vaivén político. El IFE, el Banco de México, el INAI o la Cofece nacieron con la promesa de profesionalismo y neutralidad. Sin embargo, con el tiempo muchas de estas instituciones se fueron alejando de la gente. Se llenaron de cuotas partidistas, se volvieron opacas y, en la percepción ciudadana, dejaron de representar un contrapeso real.
Ese deterioro de prestigio dio municiones a la crítica presidencial, pues los autónomos eran burocracias costosas que no rendían cuentas al pueblo. El diagnóstico no es del todo falso. La falta de mecanismos claros de control social permitió que se convirtieran en cotos de poder. El problema es que, en lugar de reformarlos, la respuesta ha sido, en muchos casos, debilitarlos o eliminarlos, con el riesgo de concentrar más poder en el Ejecutivo.
La propuesta de elegir consejeros del INE por voto popular abreva de la misma lógica. Si el nombramiento por el Congreso está viciado por el reparto de cuotas, que decida directamente la gente. Pero el contexto importa y hoy nadie discute que en México hay una fuerza política hegemónica, con capacidad institucional, presupuestal y organizativa para orientar e influir en el resultado de esa elección. En un escenario así, la competencia por esos puestos sería todo menos pareja.
Además, someter a campaña electoral a los futuros consejeros puede erosionar su imparcialidad. Tendrían que buscar votos, construir estructuras, quizá endeudarse políticamente. Una vez en el cargo, ¿a quién se deberían más ¿a la ciudadanía en abstracto o a quienes hicieron posible su elección? El riesgo de capturar al árbitro es real, y lo que está en juego no es menor: la confianza en la institución que organiza las elecciones.
Por eso, más que elegir entre democracia radical y tecnocracia pura, la salida está en un equilibrio sano. Un modelo que combine legitimidad democrática con pericia técnica. Eso implica abrir y transparentar los procesos de designación, involucrar a universidades, organizaciones civiles y comités ciudadanos en la evaluación de candidatos, y establecer requisitos claros de experiencia e independencia.
Democratizar la técnica y tecnificar la democracia no son objetivos opuestos. Al contrario, se complementan. La voluntad popular debe definir el rumbo, pero necesita de instituciones capaces de implementar ese rumbo con imparcialidad y conocimiento. En un país con nuestra historia, eso significa cuidar al árbitro tanto como cuidar el voto.
