La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un proceso activo contra Gilda Susana Lozoya Austin por presunta asociación delictuosa en relación con el caso Odebrecht, en el cual también están involucrados su hermano Emilio, ex director de Pemex, y su mamá Gilda Margarita Austin y Solís.
Durante la audiencia de cambio de medidas cautelares llevada a cabo el jueves, el Ministerio Público Federal señaló que existe una nueva carpeta de investigación en contra de Gilda Susana Lozoya, la cual se encuentra en trámite y pendiente de judicialización.
Las indagatorias se relacionan con la causa penal 117/2017, con número de expediente FED/SEIDF/CGICDMX/0000117/2017, que corresponde a la investigación principal de la FGR sobre los sobornos de Odebrecht en México y en los que Emilio Lozoya ya ha sido imputado, pero su proceso está suspendido por haber obtenido un criterio de oportunidad que lo convierte en testigo colaborador de la fiscalía.
Según la FGR, Emilio Lozoya recibió sobornos de Odebrecht por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, y la cuenta bancaria que se utilizó para las operaciones financieras fue la misma que se empleó para Agronitrogenados, la cual era manejada por Gilda Susana Lozoya.
Para el abogado Alejando Rojas las acusaciones contra Gilda Susana son “una cuestión política para distraer de los problemas en el país desde las más altas esferas”.
El jueves, durante la diligencia, la fiscalía presentó un paquete de 18 datos de prueba en contra de Gilda Susana buscando que enfrente en prisión su proceso penal por lavado de dinero. Pero la jueza Nora Ileana García Peralta los desestimó y reprochó que la FGR haya solicitado el cambio de medidas cautelares cuando sus pruebas “no son novedosas ni están actualizadas. Venir con información no actualizada para solicitar una prisión preventiva justificada no es posible. Si no pueden hacer una investigación, ¿cómo pueden decir que se ocultó?
“Y no la veo aquí sola, eso es el arraigo familiar quien está aquí apoyándola, les parezca o no, aquí está su familia, se puede hablar mal de la familia, no defiendo nada, pero reconozco que los vínculos familiares no se rompen y es lo que valoro, y esto es para efectos de mi determinación”, dijo la juzgadora.
Puntualizó que su decisión no genera impunidad, pues se garantiza la presencia de la imputada. Y dijo a los miembros de la FGR: “Durante este periodo (de cuatro meses para la investigación complementaria) les doy la posibilidad de esclarecer los hechos y en su momento, continúen las siguientes etapas del proceso penal. Esto aún no concluye”.
