Se busca establecer un nuevo modelo de gobernanza que adopte la participación ciudadana, el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas
Con los objetivos de delinear una verdadera política pública de organización y conservación de archivos, dotar de infraestructura tecnológica e instrumentos de control y consulta archivística adecuados, crear el Sistema Institucional de Archivos para homologar los procesos de gestión documental en todos los entes que posean archivos de interés público y conformar el Registro Estatal de Archivos que concentrará la información de todo el acervo archivístico de la entidad, este jueves fue aprobada por los diputados de la 63 Legislatura la Ley de Archivos del Estado de Zacatecas y sus Municipios presentada por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
La iniciativa de decreto por la que se expide dicha ley, fue leída en sesión ordinaria del Pleno el pasado 18 de marzo de 2021, propuesta debido a que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo del estado de Zacatecas 2017-2021, se busca establecer un nuevo modelo de gobernanza que adopte la participación ciudadana, el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, las cuales son líneas estratégicas imperativas de fomentar y practicar para erradicar la impunidad y la corrupción que han deteriorado el tejido social y amenazado la seguridad general.
Según la iniciativa, es urgente reconocer que los archivos son necesarios en el combate a la corrupción y su prevención; para la transparencia y rendición de cuentas; asimismo, que el ser y quehacer del archivo no se limita sólo a la gestión documental, sino que es un dinamizador transversal de los entes públicos. Una administración pública eficiente obliga a entender a los archivos como uno de sus pilares, pues resguardan el registro detallado de las decisiones y acciones gubernamentales.
Asimismo, fija que el Archivo General del Estado de Zacatecas, como ente responsable de promover la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados, así como de dirigir las políticas y definir criterios archivísticos, es un actor fundamental cuya labor contribuirá a mejorar los procesos de toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público, al tiempo que protegerá, conservará e incrementará el patrimonio documental de la entidad.
Para ello se requiere un robusto andamiaje jurídico y un diseño institucional que posibiliten coordinar y vigilar la efectiva modernización de los archivos de los tres poderes, los organismos autónomos y de los municipios, para favorecer su uso como instrumento de gobernanza y fortalecer sus capacidades técnicas, administrativas y financieras. Al mismo tiempo, la construcción del sistema estatal de archivos que mandata la Ley General de Archivos deberá articularse con el de rendición de cuentas y anticorrupción, lo cual se debe prever en la legislación local.
Para la Comisión de Desarrollo Cultural de la 63 Legislatura, que fue la encargada de dictaminar, la iniciativa resultó de primera importancia y pertinente porque depura la legislación estatal, mediante la formulación de una política pública orientada a la organización y conservación de los archivos en posesión de los Poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.
Además, precisaron, promueve el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de interés público por su relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural, bajo los principios archivísticos establecidos en la norma general.
Igualmente consideraron que la estructura del articulado de esta propuesta normativa tiene por objeto impactar positivamente en la realidad del estado de Zacatecas, al depurar el funcionamiento y las condiciones materiales de los archivos en el marco de la Ley General de Archivos; establece criterios y pautas para una adecuada valoración documental, junto con la conservación y plena consulta de los documentos históricos; como condiciones fundamentales para el quehacer administrativo, histórico, la construcción de una memoria colectiva y el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos.
En razón lo expresado, la iniciativa materia del presente dictamen tiene como uno de sus ejes la reivindicación del derecho humano de acceso a la información en el complejo proceso de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información de los archivos.
Con esta ley, se aseveró, se pretende dejar atrás vicios añejos en el manejo archivístico que, durante el transcurso del tiempo, propiciaron una deficiente política en materia de gestión documental, la cual ha obstaculizado, tanto el fortalecimiento de la memoria histórica como el ejercicio de derechos fundamentales, como el de acceso a la información, y la consolidación efectiva de los sistemas transparencia y combate a la corrupción.
Bajo esta perspectiva, la comisión dictaminadora consideró que la iniciativa fortalece el proceso de armonización integral del marco jurídico estatal con la Ley General de Archivos del Estado y sus Municipios. Asimismo, coincidió en que su diseño y estructuración, representa un instrumento que promoverá el ejercicio de los derechos humanos al incorporar toda una serie de disposiciones que a nivel instrumental y técnico, permitirán establecer esquemas óptimos y eficientes en la labor archivística para una gestión documental homogénea, estrechamente vinculada, interoperativa y con estándares óptimos que fortalecen el modelo de gobierno abierto, transparente y supeditado a la rendición de cuentas, por lo que fue avalada a favor del Pleno y, por ende, la entidad cuenta con una nueva ley en la materia.
