Sindicatos, agricultores, universitarios, feministas y organizaciones civiles se reunieron este domingo en el vestíbulo del Congreso del Estado de Zacatecas para acordar los términos de una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y afinar la logística de una marcha convocada para hoy a las 10 de la mañana, con salida desde la Unidad de Ingeniería de la UAZ hacia Palacio de Gobierno, en respuesta a la represión del sábado 9 de mayo contra productores agrícolas.
El acuerdo central fue exigir juicio político al gobernador David Monreal Ávila, aunque los propios organizadores reconocieron que la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo local no les favorece. «Morena va a defender a este gobernador», dijo Salvador Salado, «pero como bandera para mostrarlo a nivel nacional es muy importante».
Los abogados presentes aclararon que lo que procede no es la destitución, sino primero el desafuero y luego el juicio político, tanto en el Congreso local como en la Cámara federal.
Víctor Manuel Fernández Andrade, de la UPN, planteó «que los abogados trabajen la ruta jurídica, y el resto, que sabemos gritar y organizar marchas». Alejandro Rivera Nieto, del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), propuso coordinar con abogados el proceso de desafuero y las denuncias civiles por los bienes confiscados, y presentar documentos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar el manejo de recursos del acopio.
Al término de la marcha, los organizadores propusieron convocar de inmediato una nueva reunión para definir qué sigue, incluida la posibilidad de mantener el plantón en el campo y en el propio Congreso hasta que el gobierno cumpla el convenio firmado el 29 de marzo sobre tonelaje y precio del frijol. «No se va a entregar ni el campo ni esta Cámara de Diputados hasta que terminen con el acopio», advirtió uno de los participantes.
Sandra Cecilia Ambriz Becerra, líder magisterial de la sección 34 del SNTE, difundió en sus redes sociales fotografías de múltiples moretones en sus brazos como evidencia de los golpes recibidos durante el operativo del sábado. En la reunión exhortó a los demás afectados a presentar denuncias formales. En ese mismo tono, la asamblea señaló a un agente policial con antecedentes graves —acusado de secuestro en municipios de Tabasco y Zacatecas y señalado por haber causado un aborto forzado— al que describieron como un elemento traído de otro estado y premiado con su cargo pese a su historial.
