Ciudad de México. Las dirigencias nacionales del PAN y PRD así como sus grupos parlamentarios en las dos cámaras del Congreso, anunciaron un frente común para defender la aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y darle prioridad a este tema, antes que a otros pendientes en la agenda legislativa como el mando único policíaco.
En una amplia conferencia de prensa conjunta los dirigentes del PAN y PRD, Ricardo Anaya y Agustín Basave, respectivamente denunciaron que el PRI y su aliado el PVEM pretenden acotar el alcance de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, a través de su propuesta legislativa, cuando lo que se requiere es un sistema robusto que combata la corrupción a fondo.
Dirigentes y legisladores de esos partidos, que ya también cuentan con una alianza electoral en distintos estados para el proceso del 7 de junio, advirtieron que no habrá reforma sobre seguridad pública si el gobierno federal y PRI-PVEM no aceptan el paquete de siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Señalaron que sobre la propuesta presidencial del mando único ya hay un acuerdo sobre un modelo mixto, que se presentó el jueves a los coordinadores en el Senado, pero no se votará para darle prioridad a la legislación en materia anticorrupción.
El senador Juan Carlos Romero Hicks (PAN) explicó que en el Senado tendrán que discutirse las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción; de reforma a la ley de responsabilidades de servidores públicos; del tribunal anticorrupción y de reformas a la ley orgánica de la administración pública federal.
La Cámara de Diputados tendrá que aprobar una reforma a la ley orgánica de la PGR; modificaciones al código penal para tipificar los delitos y reformas en materia de fiscalización.
Los coordinadores de esos partidos en la Cámara de Diputados, Marko Cortés y Francisco Martínez Neri, afirmaron que ese paquete de tres temas será aprobado esta semana en comisiones y la próxima semana en el pleno.
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, explicó que es preferible reformar la ley orgánica de la PGR para que la fiscalía anticorrupción cuente con recursos humanos y económicos para realizar su trabajo, antes que aprobar una ley específica para la fiscalía.
