Hechos relevantes, y mediáticamente escandalosos, como el juicio contra Genaro García Luna; el secuestro de ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, de los que perdieron la vida dos; el otorgamientos de amparos a criminales, y la virulencia de legisladores del Partido Republicano que abogan por una invasión militar a México, son expresiones de un modelo económico criminal en crisis que, de tiempo atrás, han promovido los vecinos en complicidad de una parte de la clase política y los grupos del crimen organizado de ambas naciones.
Acontecimientos que muestran, por más que se desea ocultar, que una economía fundada en actividades ilícitas ya encuentra límites en su irracional y brutal destrucción humana; en México, con un clima de inseguridad que se manifiesta con miles de muertos, desplazados, secuestrados, desaparecidos, extorsionados y perseguidos por los criminales; en la Unión Americana, por un crecimiento exponencial de jóvenes adictos al fentanilo, con más de 100 mil muertos al año, más los decesos por cocaína, heroína y otras drogas.
Autoridades, políticos, empresarios y medios norteamericanos han puesto interés en encubrir que tal destrucción de la vida humana es resultado de su economía criminal, esa que está basada en las actividades ilícitas, en especial la que emerge del narcotráfico y que, para funcionar, ha tendido una red delictuosa transnacional donde los capitalistas norteamericanos se benefician de la ganancia y reciben protección de las instituciones encargadas de la administración y procuración de la justicia.
El juicio contra García Luna cuidó no involucrar a personas, empresas, autoridades e instituciones norteamericanas. Ventiló que el capo mexicano, como Secretario de Seguridad Pública Federal dio protección oficial al cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín Guzmán Loera (El Chapo Guzmán), también que trabajó para él, hizo su propio tráfico de drogas, contribuyó a dotar de armas norteamericanas a los cárteles de México, mientras los gringos han hecho todo para que no se hable de los cómplices estadounidenses. Como si al llegar la droga a la frontera se distribuyera sola.
Con el operativo de “Rápido y Furioso” se introdujeron 2 mil 500 ametralladoras, a las que el Gobierno de Estados Unidos les colocó un chip, pero no se les pudo dar seguimiento porque llegaron a manos del crimen organizado mexicano sin el aditivo que permitía rastrearlas. ¿Quién les retiró el chip? ¿Y si fueron delincuentes, cómo se enteraron que lo llevaba? Como quiera que haya sido, a las autoridades de EEUU no les ha interesado averiguar quiénes son los responsables de aquel lado de la frontera.
Hay dos hechos relevantes que los que Estados Unidos no trabaja. PRIMERO: no se persigue a ninguna red de narco-actividades en esa nación; SEGUNDO: no hay interés en la prevención de la farmacodependencia de su juventud. Dicho de otra forma: el gobierno americano protege la economía de la red de criminales de EEUU, por eso no persigue a ningún capo de allá; al mismo tiempo, no comprime la existencia de un mercado de consumo, aún a costa de los más de 100 mil muertos anuales por fentanilo.
Así, la embestida de los legisladores del Partido Republicano de USA: Dan Crenshaw, Mike Waltz y Lindsey Graham. que demandan autorizar al Gobierno de Joe Biden la invasión militar a México “para combatir” al narcotráfico goza de hipocresía y es una demagógica salida. Mientras en Estados Unidos no reduzcan el mercado de consumo, los capos norteamericanos podrán hacer llegar la droga desde otras naciones, así como antes se abastecían de Colombia y siguen teniendo contacto con países como Filipinas, Japón, China, etc. Las tronantes declaraciones de esos legisladores cumplen propósitos de propaganda con cargo a los mexicanos, aplaudidos por nuestra derecha corrupta.
Otro hecho que esclarece la red transnacional de criminalidad es el registrado el pasado 3 de marzo, del año en curso, cuando Shaeed Woodard (dos veces detenido con marihuana y cocaína), Zindell Brown (también detenido por posesión y distribución de droga), Latavia Washington Mc Gee (con siete detenciones por Anfetaminas), y Eric Williams, cruzan la frontera a Tamaulipas, donde son secuestrados por criminales mexicanos; supuestamente entraron a “comprar medicinas”, luego que “a una cirugía”, y que ahora se les investiga por ser probables contactos de una red criminal de EEUU que acudió a negociar con sus equivalentes mexicanos.
Debemos preguntar: ¿no será que la exigencia debe hacerse a Estados Unidos, ahí donde se acumula, concentra la ganancia y se hacen ricos con una economía basada en la destrucción humana? A partir de ello, se ha tendido una extensa red criminal que ha incorporado a ciudadanos comunes, a muchos políticos, algunos como legisladores en activo, funcionarios de los tres niveles de gobierno y hasta miembros de las instancias judiciales de nuestro país. Así las cosas, va para largo nuestra inseguridad nacional.
