Este 9 de diciembre, se llevó a cabo una sesión solemne en la que Maricela Dimas Reveles rindió protesta como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Su encargo abarcará del 13 de diciembre de 2025 al 13 de diciembre de 2029, periodo en el que estará al frente del organismo encargado de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en la entidad. Posteriormente, en sesión ordinaria se presentaron 4 iniciativas, se declaró al “Mezcal de Zacatecas” como Patrimonio Cultural y se aprobó un punto de acuerdo en materia salarial.
Posterior a la sesión solemne, en sesión ordinaria por unanimidad fue aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Ana María Romo Fonseca del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, donde solicita que el Congreso del Estado exhorte a la Mesa Directiva del Senado de la República para que emita la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123 de la Constitución Federal en materia de salarios.
Durante la exposición de motivos, Romo Fonseca explicó que la reforma, enviada originalmente por el Ejecutivo federal el 5 de febrero de 2024, plantea garantizar que maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, policías, integrantes de la Guardia Nacional, personal de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras reciban un salario mensual no inferior al promedio registrado ante el IMSS, además de asegurar que su actualización anual nunca quede por debajo de la inflación.
Asimismo Carlos Peña Badillo, en conjunto con los legisladores y legisladoras, dio conocer una iniciativa donde se exhorta a la Comisión Legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir, dentro del Presupuesto de Egresos de 2026 y ejercicios subsecuentes, una partida especial destinada a cubrir las obligaciones de seguridad social que deberá asumir el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), derivadas de la federalización de las plazas educativas.
Peña Badillo argumentó que la federalización provocará que alrededor de 900 trabajadores del sector educativo dejen de cotizar al Issstezac, lo que generaría una pérdida aproximada de 90 millones de pesos anuales en cuotas y aportaciones. Además, la devolución de cuotas a quienes acepten la federalización implicaría un gasto adicional cercano a 145 millones de pesos, lo cual podría comprometer la capacidad del organismo para cumplir con el pago de pensiones y demás prestaciones. Señaló también que ofrecer el reembolso inmediato de cuotas sería contrario al artículo 34 de la Ley del Issstezac, que sólo permite este procedimiento en casos de baja definitiva.
Los promoventes advirtieron que, sin medidas preventivas, el instituto enfrentaría un riesgo financiero severo, con repercusiones directas para personas jubiladas y derechohabientes.
Por su parte, la diputada Karla Guadalupe Estrada García presentó ante el pleno una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que, por medio de la Coordinación General Jurídica, se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 453, aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura. Dicho decreto tipifica y sanciona el delito de cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes, así como de personas que no cuentan con la capacidad para comprender el acto o para resistirlo. La legisladora enfatizó la urgencia de que esta reforma entre en vigor a la brevedad, dada la gravedad y persistencia de estas prácticas en diversas regiones del estado.
Estrada García también planteó la necesidad de solicitar al Ejecutivo estatal la armonización de los protocolos de atención integral dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo.
