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sábado, 24 septiembre, 2022
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Tribunal de Cuentas, opción para modificar el diseño institucional contra la corrupción

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Por: ALMA RÍOS • Araceli Rodarte •

■ En México hay un gasto de 600 mil mdp por efectos de este fenómeno: Javier Contreras

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■ Participación social, una de las claves para resolver el problema, coinciden docentes

Las evidencias acusan falta de voluntad política de quienes fueron citados como “los carteles políticos”, para la constitución de un Tribunal de Cuentas independiente del Poder Legislativo y ciudadanizado, mismo que con mayores facultades sustituiría a la actual Auditoría Superior del Estado (ASE). En México y por tanto en Zacatecas, no se atiende a la aplicación de la Ley sino a la celebración de acuerdos políticos, hecho situado como manifestación de la corrupción y expuesto en el programa de La Jornada Zacatecas TV, Synergia.

El caso quedó otra vez manifiesto, se dijo, en la reciente evasión de los diputados de la 61 Legislatura del estado de interponer denuncias contra quienes desviaron fondos por alrededor de 779.5 millones de pesos derivadas de la revisión de las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012 que hizo la ASE.

El asunto reciente fue citado por Marco Antonio Torres Inguanzo, conductor de la serie, quien precisara los costos de la corrupción para México en alrededor de 9 por ciento del PIB,  como de “corrupción abierta”, esto es, donde la propia ley se exhibe como ineficaz, contrario a aquellos actos que la transgreden de manera oculta.

Se recordó, fue el amparo interpuesto por la ex gobernadora Amalia García Medina y concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2011, el hecho que habría servido de sustento a los legisladores para argumentar un hueco legal que haría inaplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

No obstante, Manuel Rodríguez Valadez, docente e investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dijo no era competencia del poder Legislativo del estado fincar responsabilidades, sino del Judicial, por lo que ante esta omisión legal, “por lo menos moralmente”, los diputados debieron haberlo intentado.

El amparo, precisó, “es personalísimo”, es decir, el hecho de que lo haya obtenido Amalia García Medina no significaría la imposibilidad de fincar responsabilidades a cualesquiera de otros funcionarios públicos.

Agregó, entre otras consideraciones, son responsables de esta omisión legal que tiene que ver con el refrendo de toda ley a que obliga el artículo 85 de la Constitución del estado y que para el caso quedara pendiente desde su promulgación, tanto el gobierno que la emitió, su sucesor en el Ejecutivo, esto es la propia Amalia García Medina, pero también la actual administración de Alonso Reyes, pues ninguno de ellos resarció el error.

Este último dijo, tuvo “más de mil 200 días” para hacerlo, luego de que fracasara su campaña de linchamiento contra García Medina.

Por su parte Javier Contreras Díaz, docente e investigador de la Unidad Académica de Economía de la UAZ, situó el fenómeno en un contexto de crisis sistémica de corrupción y opacidad, que no es privativa del sector público y menos gubernamental, agregó en cita como ejemplo, a la propia Universidad.

Dijo hay una red tan enorme de complicidades no solamente en el ámbito político, sino en el cultural, religioso y aun en el familiar, que deriva de la crisis económica, a la que ha sucedido una social y finalmente moral.

“Vivimos en este país una peste moral porque no hay rendición de cuentas y hay un empoderamiento de los carteles políticos y una criminalización de las finanzas públicas”.

Entre los datos ofrecidos por el economista, se encuentran un gasto en el país de 600 mil millones de pesos por efectos de la corrupción, un trillón de dólares a nivel mundial para “afinarla y aceitarla” y para el caso de Europa un monto de 240 millones de euros como costo de este fenómeno, donde España “se lleva gran parte”.

Rodríguez Valadez agregó a la lectura ofrecida por Contreras Díaz, donde este recreó los hechos ocurridos recientemente en la Legislatura del estado como que “juegan a la una y una, yo te apruebo”, como una expresión más de que los ciudadanos no son tomados en cuenta.

El problema no es que informen los políticos lo que hacen, sino que antes, no consultan a la ciudadanía lo que deben hacer, esto lo expuso como otro elemento de una crisis de la democracia representativa, donde los funcionarios hacen con los recursos del pueblo “de la forma en que les viene en gana”.

Ante las consideraciones, Marco Antonio Torres Inguanzo propuso la posibilidad de modificar el diseño institucional para obstaculizar los actos de corrupción del Estado, esto es, generar contrapesos e introducir nuevas formas de vigilancia y procedimientos para la transparencia del uso de los recursos públicos.

Recordó fue en 2010, cuando inició la discusión como propuesta de este gobierno, para proponer un Tribunal de Cuentas, que permitiría una más rápida y efectiva revisión de las cuentas públicas pero también de fincar responsabilidades a los servidores responsables de las mismas.

Retomó de las consideraciones hechas entonces por el jurista Miguel Carbonell, acerca de las bondades de una figura legal como esta, el énfasis en la necesidad de su autonomía y el mecanismo para nombrar a los integrantes de este órgano.

Al respecto, Rodríguez Valadez afirmó la Constitución debe tener pesos y contrapesos y equilibrio en el reparto de atribuciones, pero asimismo dijo no hay voluntad política para ello, pues por eso se diseño la ASE “endeble y enferma, para que no se haga nada, porque en México padecemos del síndrome de la alegría de fingir”.

En dado caso de que se concretara el Tribunal de Cuentas dijo, lo más importante es su autonomía o bien se incorpore al Poder Judicial del estado porque “en México estamos decididos a que todo se arregle políticamente”.

Más escéptico, el economista Díaz Contreras, dijo los políticos de siempre no le entran a la ciudadanización de los espacios de fiscalización y elección popular “porque tenemos una partidocracia”.

Aun teniendo una ley muy precisa y adecuada, un marco jurídico eficiente, observó, existen complicidades que se hacen para violentarla y aun la economía.

“La expresión más cruda es el robo de los bienes públicos, la malversación de fondos, el ocultamiento de la información y el empoderamiento de los delincuentes (funcionarios) públicos”.

Aquí no hay diferencia entre los políticos agregó, pues hay algunos que han encontrado “su nicho de acumulación en la miseria”.

De esta manera afirmó, existe “una barrera infranqueable para la ciudadanía”, al respecto comentó su propia experiencia acerca de haber interpuesto denuncias ciudadanas que no han prosperado.

Lo que se puede hacer, se propuso a modo de conclusión parcial de un tema que adelantó el conductor de Synergia seguirá recuperándose en este espacio para su análisis, es formar ciudadanía.

La participación social y ciudadana, se afirmó, “seguramente es una de las claves para resolver todo problema de corrupción”.

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