El debate por el examen en línea y sus secuelas se coló hasta el Consejo Universitario. Ayer, integrantes de este máximo órgano colegiado de la UNAM demandaron al rector Leonardo Lomelí establecer una cadena de responsabilidades de todos los que intervinieron en la prueba de admisión, porque no se informó debidamente a la comunidad universitaria sobre lo ocurrido.
Durante la sesión del pleno, algunos de los consejeros manifestaron que aún quedan muchas dudas sobre las razones de “la destitución” de Patricia Dávila de la Secretaría General, así como de los funcionarios responsables de los vacíos operativos y la falta de coordinación que llevaron a la universidad a una crisis y linchamiento social.
Casi al final de la sesión, en el último punto del orden del día, relativo a los asuntos generales, más de 10 integrantes tomaron la palabra para reprochar que se omitiera de este pleno un tema para abordar el examen de ingreso en línea y la serie de errores.
Por ello, exigieron al rector establecer la cadena de funcionarios involucrados, señalando que “una remoción no constituye la explicación de los hechos. Necesitamos saber quiénes son los responsables, porque no hay más y hasta ahorita la única que queda como responsable es la doctora Dávila”, reclamaron.
Al aclarar que no están en contra de la universidad, ni se trata de buenos o malos universitarios, sino de protegerla, consideraron indispensable ampliar la información.
Aunque Lomelí evitó dar respuestas concretas a las críticas y cuestionamientos de los consejeros, insistió en que el procedimiento de deslindar responsabilidades sigue su curso mediante tres auditorías, y aclaró que la salida de Dávila no fue una destitución, por lo que “había que evitar imprecisiones o inferir responsabilidades de la doctora Dávila, que no se sostienen en ninguno de los comunicados que se han generado a lo largo de ese proceso”.
La consejera Griselda Gutiérrez leyó una declaración que respaldaron otros de sus pares, donde aseveró que “no puede existir impunidad frente a fallas que afectan directamente la confianza en la institución. Las consecuencias de estos acontecimientos son de enorme gravedad y se ha lesionado la confianza pública en la UNAM”.
Ante ello, señaló que la comunidad universitaria tiene derecho a conocer todas las anomalías y quiénes fueron los involucrados en el diseño, contratación, supervisión, instrumentación y evaluación del proceso de admisión.
Pero en vez de recibir respuestas a cada una de las interrogantes, el rector los remitió al micrositio que recién se publicó en la página de la UNAM, donde pueden encontrar información detallada, afirmó.
En breve entrevista, Lomelí no descartó que para las carreras de baja demanda opten por otras opciones de ingreso, en vez del examen, pero mantenerlo en las que es alta.
