En una sesión informativa titulada “Reforma Judicial: Realidades, Retos, Desafíos y Ausencias”, expertos en derechos humanos y representantes de familias de personas desaparecidas se reunieron para analizar el estado actual del sistema judicial mexicano, haciendo un llamado a aplicar una verdadera reforma integral sin politizar la justicia.
La conferencia, organizada por el Centro Prodh y celebrada el 9 de septiembre, contó con la participación de Luis Tapia, abogado especialista en derechos humanos; Ivette Galván, del Centro Prodh; Alicia de los Ríos, familiar de una víctima de desaparición; y Olimpia Montoya, del Proyecto de Búsqueda de Guanajuato.
El encuentro abordó la crítica situación del Poder Judicial en México, caracterizada por un alto nivel de impunidad y deficiencias en la investigación de delitos como la desaparición forzada. Ivette Galván del Centro Prodh subrayó que “de 2010 a 2021, solo se reportaron 11 sentencias condenatorias por desaparición en el país, lo que evidencia una crisis de impunidad que requiere una reforma integral”. Este contexto plantea una necesidad urgente de reformar tanto a las autoridades de procuración de justicia como al Poder Judicial para garantizar un acceso más equitativo a la justicia.
El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma que propone la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Esta reforma ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y en comisiones de la Cámara de Senadores. Se espera que sea discutida y votada próximamente en el Senado. Luis Tapia expresó su preocupación sobre la reforma, señalando que “a pesar de que la elección popular de jueces busca aumentar la participación ciudadana, también plantea el riesgo de politización del sistema judicial, lo que podría afectar la imparcialidad y la independencia de los jueces”.
La conferencia detalló la estructura del Poder Judicial en México, que incluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito y jueces locales. Cada nivel tiene funciones específicas, desde la resolución de casos hasta la supervisión de investigaciones penales. Ivette Galván destacó que “los principios de imparcialidad, igualdad, publicidad e independencia son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema judicial”, subrayando la importancia de fortalecer estos principios a través de la reforma propuesta.
Un aspecto crítico discutido fue el estado de la procuración de justicia en México. Los agentes del Ministerio Público, responsables de la investigación y construcción de casos penales, enfrentan limitaciones y falta de recursos que dificultan la obtención de sentencias condenatorias. Alicia de los Ríos, quien ha vivido en carne propia los efectos de la impunidad, indicó que “la calidad de las investigaciones realizadas por las fiscalías es crucial para el éxito de los procesos judiciales. Es esencial que estas investigaciones sean exhaustivas y respeten los derechos humanos”.
En casos de desaparición forzada, el Poder Judicial juega un papel clave en diversas etapas del proceso penal. Los jueces intervienen en la revisión y decisión sobre solicitudes del Ministerio Público, como órdenes de aprehensión y cateos. Olimpia Montoya destacó que “los jueces de amparo pueden ser cruciales para las familias de personas desaparecidas, permitiendo la búsqueda de justicia y la creación de instituciones que ayuden en la identificación y localización de desaparecidos”.
La propuesta de reforma ha generado críticas sobre la posible politización del sistema judicial. Luis Tapia comentó que “aunque la reforma busca mejorar la participación ciudadana en la elección de jueces, el voto popular no ha demostrado ser una solución efectiva contra la corrupción en otras áreas gubernamentales”. Además, se cuestionó la eficacia de la reforma para abordar el rezago existente en los juzgados y se expresó preocupación por la protección de la identidad de jueces en casos de delincuencia organizada, lo que podría afectar la transparencia y el acceso a la justicia.
La conferencia concluyó con un llamado a mantener la vigilancia y presión para garantizar que se respeten los derechos de las víctimas y se mejore la eficiencia del sistema judicial. “La reforma, aunque prometedora en algunos aspectos, aún presenta desafíos significativos que deben ser abordados para asegurar que beneficie realmente a las víctimas y sus familias”, concluyó Ivette Galván. La necesidad de una reforma integral y la revisión continua del sistema judicial son fundamentales para lograr una verdadera justicia en México.
