Samir Flores fue asesinado en marzo de 2019, era líder comunitario de Morelos y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala. El asunto era la lucha contra una termoeléctrica alimentada por un gasoducto que afectaba el medio ambiente de los municipios de Huexca y Amilcingo. Una empresa española es la beneficiada. En el mismo año fue asesinado Arnulfo Cerón Serrano del Frente Popular de la Montaña de Guerrero, e Isaías Cantú Carrasco. Así podemos mencionar casos en Guerrero, Chihuahua, Michoacán. Oaxaca, San Luis Potosí, Morelos o Veracruz. En todos estos estados, en el 2020 mataron a 18 defensores ambientales, pero también ocurrieron 65 ataques que no lograron el crimen de los activistas. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó cada uno de los casos y no ve que haya voluntad política del gobierno para resolver este problema.
México se ha convertido en el país más peligroso para el periodismo, según el Comité para la protección de periodistas; pero ahora también es el país más peligroso para defensores del medio ambiente y de los más riesgosos para la defensa de los derechos humanos. Y en tres años de este gobierno, lejos de disminuir los casos de agresión homicida a los activistas ambientales han aumentado de manera dramática. Después del asesinato de Samir Flores, uno de los símbolos de este movimiento, el gobierno prometió no-impunidad y una política de protección de activistas ambientales, pero no solamente no se han llevado a la práctica dichos mecanismos de protección, sino que, al eliminar los fideicomisos, se borraron algunos recursos que servían para la vigilancia y protección ambiental. El tema quedó prácticamente fuera del presupuesto. Lo cual indica una negra evidencia: no es prioridad.
Ahora en Zacatecas asesinan a José Ascensión Carrillo Vásquez, líder de la Unión de Transportistas de Cava y activista que encabezó movilizaciones contra la minera Peñasquito. Las agresiones sufridas por otros activistas de protección al ambiente y el territorio en el municipio de Mazapil las hemos documentado en este medio.
Lo que indican los informes son cuatro rasgos comunes en las agresiones homicidas contra activistas: (1) se trata del patrimonio natural de pueblos que son desplazados, (2) el beneficiario económico son empresas grandes o poderosas, muchas de ellas extranjeras, (3) las agresiones las perpetran en coordinación con el crimen organizado y (4) en la mayoría de los casos hay apoyo o interés de los gobiernos en turno. Esto es, hay una ‘triple hélice maldita’ que destruye tejido social y medio ambiente en perjuicio del planeta y los pueblos: empresas trasnacionales, crimen organizado y gobiernos. Una triple hélice muy difícil de desarticular mientras va sembrando muerte y devastación. A la fecha no es una prioridad del Estado Mexicano atender este asunto y sólo la presión social puede lograr que pase de la agenda pública a la agenda de gobierno. Urge la que la mano de la sociedad civil cierre el puño y diga ‘basta’.
