El problema de la corrupción no es en absoluto novedoso en el ámbito de la vida pública en México. Se ha abordado desde diferentes perspectivas y en distintos momentos de la historia del país. Sin embargo, no es hasta el periodo electoral de 1982 cuando existe un debate público amplio, abierto y políticamente expuesto, partiendo del propio candidato del partido oficial en ese proceso, Miguel de la Madrid Hurtado, a través de lo que su campaña llamó “la renovación moral”. Si bien el apartado correspondiente a las responsabilidades de los servidores públicos, y al buen uso de los recursos públicos, se ha incrustado desde la redacción misma de la Constitución de 1917 y antecedentes, llegando incluso hasta la propia Constitución de Apatzingán, el diseño de estructuras específicamente justificadas con el objetivo de prevenir, identificar y sancionar la corrupción en el ámbito público, es relativamente nuevo. Si partimos de la creación de la Secretaría de la Controlaría, por iniciativa de Miguel de la Madrid, hasta las reformas promulgadas en 2015, estaremos en un lapso que no llega siquiera a los 33 años.
Y, sin embargo, como lo demuestra nuestra agenda pública cotidiana, el tema no tiene una conclusión, sino que tiene frente así el reto permanente de la mejora en materia de rendición de cuentas, entendido como un sistema amplio de normas, instituciones, conductas, costumbres y valores, que permiten la responsabilidad de quienes toman decisiones públicas, y quienes las operan, en un contexto constitucional-democrático.
En este recorrido mantiene su validez, la multicitada expresión del Profesor Mauricio Merino, en su texto La segunda transición democrática de México: Esfuerzos, tropiezos y desafíos de México en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas, coincidiendo con él, desde su expresión inicial al respecto: Durante la última década, México ha puesto en marcha un amplio conjunto de reformas institucionales destinado a combatir la discrecionalidad, la ineficacia y la corrupción. Luego del exitoso esfuerzo que emprendió, en la última década del siglo pasado, para construir un nuevo sistema electoral que le permitió transitar de manera pacífica de un régimen de partido prácticamente único a una democracia pluralista, la agenda pública comenzó a enfocarse en la crítica hacia las formas tradicionales de ejercer la autoridad ganada en las urnas.
El impase que ha resultado un proceso de transformación política e institucional en el país, a partir de las elecciones del 2018, implican un reto más en esta materia: consolidar las instituciones que conforman el sistema de rendición de cuentas mexicano, en un contexto político que no parece propicio para ello e incluso más: ampliar sus mecanismos, instrumentos, dinámicas, políticas y estrategias, con el objetivo de ganar vigencia social, y con ello responder no sólo al lenguaje de la legalidad y la capacidad técnica, sino también al de la legitimidad, indispensable por demás, en un contexto democrático.
La pregunta que se vuelve reiterativa desde esta participación editorial apunta a la necesidad de un análisis en clave deliberativa, con la mirada puesta no solo en consolidar, sino en reformar, ampliar y mejorar este sistema de rendición de cuentas del que hemos venido hablando, comenzando por los sistemas anticorrupción, desde lo estatal, hasta lo federal. Desde nuestro punto de vista, la vigencia se retoma inclusive a partir de la reciente llegada de nuevos titulares en dos asientos de los siete de estos sistemas: el del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el del Consejo de la Judicatura Federal, encabezado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, quien, por cierto, tiene en su plan de trabajo, sendo apartado al respecto.
@CarlosETorres_
