En un encuentro sostenido entre legisladores y representantes del sector agrícola, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, el diputado de productores Martín Solís y el diputado federal Armando Samaniego expusieron detalladamente los alcances de las reformas aprobadas a la Ley Nacional del Agua, así como la creación de la Ley General de Aguas. El objetivo central fue aclarar dudas generadas tras lo que calificaron como una campaña de desinformación impulsada por sectores opositores, que buscó confundir a los agricultores sobre los contenidos reales de la reforma.
Ramírez Cuéllar abrió el diálogo señalando que las modificaciones responden directamente a exigencias históricas del sector agrícola, especialmente tras los periodos de sequía extrema y la sobreexplotación de acuíferos vividos en años anteriores. Recordó movilizaciones como la caravana de alambres desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México, cuando los agricultores demandaron una ley que combatiera el acaparamiento de agua y el mercado negro de concesiones. Subrayó que el propósito es erradicar prácticas que durante décadas permitieron la venta ilegal de títulos y el control del recurso hídrico por parte de grandes intereses económicos.
El diputado federal Armando Samaniego enfatizó que la aprobación constituye “un paso muy importante en el establecimiento de un nuevo orden, un nuevo gobierno del agua en México”. Reconoció que seguirán existiendo ajustes y procesos de actualización, pero celebró que la mayoría de los agricultores han entendido y respaldado la reforma. Explicó que no se trata únicamente de administrar la escasez, sino de construir un modelo sostenible que garantice agua para las próximas generaciones mediante alternativas como la desalación, el rehusó del agua regenerada y el aprovechamiento de aguas residuales tratadas. Señaló que hubo diálogo amplio con productores de estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán y Chihuahua, quienes hicieron observaciones legítimas sobre la redacción final.
Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 22, que la oposición difundió de manera imprecisa como una prohibición a las transmisiones de derechos entre particulares. Samaniego aclaró que, tras el debate legislativo, se incorporó el artículo 37 Bis, que establece expresamente que las sucesiones están plenamente garantizadas: hijos, hijas o cualquier persona designada por el titular podrán heredar la concesión sin que se altere el volumen original. Del mismo modo, sigue siendo posible transmitir los derechos de riego cuando se venda una parcela, manteniendo el vínculo tierra-agua. Además, se fijó un plazo perentorio de 20 días hábiles para que la Conagua emita un nuevo título después de una transmisión, otorgando certeza jurídica. Asimismo, se eliminó la figura de la “negativa ficta”, que antes permitía que la autoridad no respondiera formalmente.
El diputado de productores Martín Solís subrayó que los 820 mil usuarios de riego del país continúan con sus derechos plenamente garantizados, incluyendo el volumen establecido en sus concesiones. Explicó que, durante los últimos 33 años, bajo la antigua Ley de Aguas Nacionales, era posible transmitir parcial o totalmente volúmenes sin que Conagua tuviera conocimiento, lo que multiplicó pozos y aceleró la sobreexplotación de acuíferos. Ahora, la obligación de notificar cada reasignación permitirá mayor control y sustentabilidad. Solís adelantó que en el Reglamento se buscará vincular el proceso sucesorio con el Registro Agrario Nacional para evitar conflictos entre ejidatarios y comuneros.
También señaló que se respetarán los reglamentos internos de los 86 distritos de riego y sus más de 400 asociaciones de usuarios, dejando claro que Conagua no asumirá funciones operativas, sino únicamente de registro e información. Un tema crucial será el programa de regularización para cerca de 47 mil constancias de libre alumbramiento registradas antes de 2013, muchas de ellas surgidas con irregularidades. Este proceso deberá establecerse en un plazo de 180 días una vez publicada la ley, con el fin de determinar quién realmente tiene derecho a concesión y ordenar acuíferos actualmente sobreexplotados.
Solís detalló también la tipificación de delitos hídricos, que castigará la extracción ilegal, el bombeo por encima de los volúmenes autorizados y el traslado de agua con fines de lucro cuando la concesión no lo permita. Aclaró que transportar agua para ganado no es un delito, contrario a lo difundido en algunas regiones del norte, pero vender agua agrícola para usos como albercas u hoteles sí constituirá una falta grave. Esto, afirmaron los ponentes, contribuirá a un manejo más ordenado y sustentable del recurso.
Los legisladores también explicaron el funcionamiento del Fondo Nacional del Agua, tema en el que existió confusión. Samaniego resaltó que dicho fondo no interviene en sucesiones, transmisiones ni reasignaciones, y que únicamente se integrará por volúmenes extinguidos o cedidos voluntariamente. Su objetivo será llevar un inventario preciso de disponibilidad hídrica en acuíferos y cuencas para orientar proyectos nacionales de desarrollo, como el plan para construir más de un millón de viviendas o la instalación de nuevos polos industriales. Aseguró que el fondo no afectará derechos agrícolas ni disminuirá volúmenes concesionados.
Los tres ponentes concluyeron que la reforma pone orden donde antes había anarquía, garantiza derechos históricos del campo, elimina prácticas corruptas, protege los volúmenes de los agricultores y establece las bases para un manejo hídrico sostenible que asegure agua para muchas generaciones más.
