■ La Función Pública estatal coteja listado de empresas fantasma boletinadas por el SAT
■ SFP federal y la ASF examina datos de administración de MAR correspondientes a 2015
Con base en el listado de las siete empresas fantasma boletinadas por el SAT y las otras 17 que investiga, mismas que han sido exhibidas públicamente por Soledad Luévano Cantú, como las que utilizara presuntamente el ex mandatario Miguel Alonso Reyes (actual titular de Fonatur) para desviar poco más de 307 millones de pesos del erario, según denunció la ex diputada ante la PGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo su titular, Paula Rey Ortiz, “nos hemos dado a la tarea de estar revisando y cotejando contra el padrón que tenemos nosotros de proveedores y de contratistas. Estamos revisando cuáles de las que nosotros tenemos registradas aparecen en él”.
Además de este cotejo la SFP trata de ubicar en otras empresas dentro de los citados padrones aquéllas que tuvieran coincidencias respecto de los representantes legales o algún socio con las 24 mencionadas.
“Entonces no únicamente estamos revisando de éstas, estamos tratando de hacer una revisión exhaustiva”, expuso.
Dijo que incluso se están implementando mecanismos de control que no sólo verifiquen las empresas proveedoras de bienes y servicios a Gobierno del Estado que registran su domicilio fiscal en Zacatecas, sino que la indicación del gobernador Alejandro Tello es que se inicien este tipo de procedimientos con las radicadas fuera del estado, “para ubicar que efectivamente tengan su domicilio constituido donde están notificando que lo tienen, y que efectivamente el giro o el objeto para el cual se registraron sea el que corresponde”.
Paula Rey Ortiz Medina dijo que de auditorías practicadas a cuentas públicas de 2009 y hasta el 2015 por parte de la Secretaría de la Función Pública (federal) y la Auditoría Superior de la Federación se han derivado observaciones por más de 6 mil millones de pesos.
Actualmente ambas instancias están practicando otras a la administración de Alonso Reyes, correspondientes al ejercicio 2015 y aún quedan por hacerse de 2016.
Asimismo la ASF todavía está emitiendo observaciones respecto de la cuenta pública 2014, y “ya nos pidió información porque en enero empiezan nuevas auditorías”.
“El próximo año nos van a estar llegando las que hayan hecho en este ejercicio porque han hecho varias, y todavía van a estar con algunos resultados del 2015. Y entonces en el 2018 vamos a tener las del 2016”, sostuvo.
El recuento general exhibe que el monto de 6 mil millones de pesos referidos a observaciones puede incrementarse, por lo que dijo la funcionaria, no es posible en este momento dar una cifra, y por tanto, tampoco de los recursos que deberán reintegrarse a la Federación y que implicarán un daño al erario del estado de Zacatecas.
“Nos hemos dado a la tarea de estar revisando con las instancias observadas, para ver qué se puede solventar” de manera que se reintegre lo menos posible al Gobierno Federal, quien ya reclama parte de este monto.
Las observaciones por 2 mil 900 millones que hasta el momento ha encontrado la ASF, y por 2 mil 300 millones de pesos, la SFP federal, corresponden a auditorías practicadas a programas educativos, de obra pública, sociales, “muchas de ellas en obra que son las de mayor cuantía o del sector educativo, algunas aparentemente tienen sustento”.
Pero también sucede que hay obras auditadas por ambas instancias de las que se derivan montos duplicados, explicó.
Actualmente se revisa el estatus de cada una de las auditorías de las que derivan las citadas observaciones, “porque no estamos hablando de una ni dos sino de muchas” y que se han ido incrementando a lo largo de la revisión que se ha hecho del sexenio pasado dijo la funcionaria.
Aquellas observaciones que no puedan solventarse, implican la obligación de instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa, “que es un cúmulo muy grande de no iniciados y en proceso”.
Las solventaciones y procedimientos administrativos seguirán su cauce para irse desahogando a lo largo del quinquenio, incluyendo los que deriven en el fincamiento de “responsabilidades que ameriten aquellas conductas o acciones que no se hayan podido solventar”.
Reiteró entonces que el Órgano estatal de control “y todas las instancias fiscalizadoras (…) no hemos claudicado en esta tarea de revisar puntualmente todo lo que está observado”, que fuera una instrucción de Tello al iniciar mandato.
Entre ellos se encuentran mil millones de pesos que proceden de una auditoría practicada a la Seduzac de un recurso que no fue ejercido como especificaba el plazo y que se “apasivó”, mismo que “parece que se va a solventar” reduciendo las observaciones en la citada cantidad.
Dijo respecto de la irritación que puede causar a la ciudadanía la presunción de delitos contra el erario en un momento en que se le propone el aumento de impuestos locales, que el gobernador le ha pedido a su gabinete buscar “esa sensibilidad para entender efectivamente la molestia, para entender la desesperación de la misma”.
Sin exoneración
Paula Rey Ortiz Medina precisó también sobre el ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Monreal Ávila en Zacatecas, y actual director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, a quien en la investigación El Factor Monreal se le atribuyen presuntos hechos delictivos realizados en aquella demarcación, que el mismo no fue exonerado de las acusaciones que el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad refieren como antecedentes de su actuar en Zacatecas, sino que “finalmente se cerró el expediente porque quien presentó la denuncia se desistió”.
La funcionaria no ofreció mayores datos al respecto, pues dijo que al ser un asunto que se remite al 2003, “la información está totalmente archivada, entonces habría que retomarla porque ya ni siquiera está en archivo corriente o en archivo de concentración (…) lo que nosotros tenemos a la mano es que ese expediente se cerró por desistimiento de la parte actora, de la parte que presentó la denuncia”.
Según registra la nota de seguimiento del tema, publicada por La Jornada Zacatecas el pasado miércoles 7 de diciembre, según registros periodísticos, Humberto Chavarría Echartea fue objeto de una denuncia en 2013 en la Legislatura local por una asignación directa de obra pública, luego en su función como director de Obras Públicas en el gobierno de David Monreal en el municipio de Fresnillo, fue acusado de despojo; proceso en que no hizo el pago de la indemnización correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
