En entrevista (según #ElPapelDelINE) el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe de la Mata Pizaña, señaló que gracias a las reformas electorales de finales de 1996, la primera elección que calificó esa autoridad de la materia y entregó la constancia de mayoría el 2 de agosto del año 2000, fue al entonces candidato panista Vicente Fox y con ello, se logró el histórico cambio político en México, porque la participación ciudadana puso fin a la hegemonía priísta, que durante 71 años había gobernado con excesiva concentración del poder en una sola persona: el presidente de la República.
No es desconocido que bajo los gobiernos priístas los altos índices de corrupción e impunidad fueron lo que provocó el hartazgo ciudadano que determinó la manifestación de la voluntad en las urnas el primer domingo de julio de aquel año, dando al político de oposición el triunfo con el 42.52% de una participación ciudadana de 63.97 % equivalente a 37 millones 601 mil 618 votos de una lista nominal de 50 millones 143 mil 616 mexicanas y mexicanos.
Ahora bien. Hasta aquella fecha el Ejecutivo mantenía un amplísimo poder que ejercía de forma discrecional, y subordinaba con absoluto control al Legislativo y al Judicial. Sus facultades eran de carácter constitucional y meta constitucional, de manera que se atentaba contra el principio de la División de Poderes, con lo que prácticamente desaparecían los pesos y contrapesos, poniendo en riesgo el equilibrio entre los tres. En esto consistía el presidencialismo mexicano.
Con la alternancia del partido en el poder en el año 2000, se albergaron posibilidades positivas y fue motivo también, por el que destacados juristas esperaban que se diera un cambio en la vida política de México, pues existían diversas condiciones favorables para la consolidación de un régimen democrático, el cual necesariamente implica tolerancia, protección a los derechos humanos y a los grupos minoritarios, así como que, todo acto de gobierno respete el Estado de Derecho.
Por ello se pensó que la manera de lograrlo, sería que el presidente se sujete a las disposiciones constitucionales y legales porque de esa forma se evitan actos arbitrarios que lesionen los derechos humanos. Igualmente debe ocurrir con los demás poderes, pues los principios tanto políticos como jurídicos se encuentran establecidos por la Carta Marga, la cual, en virtud del principio de inviolabilidad no puede ser alterada por voluntad única. Y, es que los actos arbitrarios cometidos por cualquier autoridad pública fuera del marco constitucional, se tienen que evitar para hacer valer la Constitución, así como respetar, para continuar consolidando, las instituciones políticas y jurídicas que se han construido a través de la historia en nuestro país.
Jorge Carpizo en su obra El Presidencialismo Mexicano, refiriéndose a la alternancia de poder del año 2000, insistió que en esta nueva etapa, el goce de nuestra democracia y de nuestra gobernabilidad, se sustenta en el Estado de Derecho, y la última palabra en este sentido le corresponde decirla al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en cuestiones electorales al TEPJF, porque son los cuerpos colegiados que en última instancia, conocen y deciden si un acto de cualquier autoridad, se enmarca y ajusta o no, a la Constitución, la cual les otorga casi todos los instrumentos necesarios para su defensa. Y, a su vez, para la defensa de todo el orden jurídico mexicano.
Siguió comentando que en esta nueva etapa de nuestra evolución, el papel que habrá de desempeñar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será esencial, y en tal virtud tiene en sus manos una de las más grandes responsabilidades desde que fue creada.
Dicho lo anterior, como vemos, tanto el Ejecutivo como cualquier otra autoridad pública pueden llegar a excederse en sus facultades y, en consecuencia, habrá un abuso de poder que se traduce en la violación a los derechos fundamentales que, en favor de las personas concede la propia Ley Suprema. En tales circunstancias, hay que detener al poder, a través del poder mismo, según Montesquieu, lo cual se logra, acudiendo ante el Judicial conforme lo exija la competencia del asunto: federal o estatal.
En lo general el sistema político mexicano y en particular el presidencialismo, ha tenido grandes transformaciones, sobre todo las que se dieron entre los años de 1988 y 1994, pues de un sistema vertical y rígido jerarquizado en el cual, el poder estuvo concentrado en una sola persona, a partir del año 2000 se intentó transitar a uno en el cual, los poderes legislativo y judicial, cumplieran cabalmente con sus facultades constitucionales, y que fuesen una realidad los pesos y contrapesos que establece la Ley Fundamental igualmente, que tengan mayor presencia y fuerza, la diversidad de los actores políticos y sociales.
Sin embargo, esa alternancia no logró las expectativas. Fox, con sus desplantes; Calderón, inició la militarización en México; Peña Nieto, inmerso en actos de escandalosa corrupción e impunidad, permitieron que López Obrador llegara al poder.
Bajo el gobierno “Lópezobradorista” la conclusión del presidencialismo es para usted…
