La excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Norma Julieta del Río Venegas advirtió que al menos dos de los tres titulares de Órganos Internos de Control designados este martes por la 65 Legislatura de Zacatecas no cuentan con el perfil requerido, lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) registra como hallazgo en sus auditorías. La advertencia conecta con un llamado urgente al gobernador David Monreal para que el nombramiento del titular de Transparencia para el Pueblo —pendiente cinco meses después de vencido el plazo legal— recaiga en una persona técnica y capacitada.
En entrevista con La Jornada Zacatecas, Del Río Venegas lamentó que desde un “grupo de resistencia” se impulsen perfiles sin experiencia en la materia, personas que «se sienten todólogos» y que, de llegar a ocupar el cargo, no solo profundizarían el vacío institucional tras la desaparición de los órganos garantes como el IZAI, sino que podrían generar responsabilidades administrativas y observaciones en procesos de fiscalización.
Aunque el mandatario estatal afirmó que la designación se concretaría después de Semana Santa, aún no hay anuncio oficial ni se han dado a conocer los perfiles que el Ejecutivo estaría considerando. Al ser cuestionada sobre si esos perfiles deben mantenerse en reserva, Del Río consideró «Debe de ser información pública los candidatos y los perfiles que tiene.»
La excomisionada evitó detallar a quiénes de los hoy titulares de Órganos Internos de Control designados —José Luis Nájera Lara en la Fiscalía General de Justicia del Estado, María del Carmen Medina Arteaga en la Comisión de Derechos Humanos y Tania Alejandra Hernández Aguilar en el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática— se refiere, pero señaló que, de las tres personas nombradas, cuando menos dos no reúnen la experiencia técnica que exigida por el cargo, lo cual, advirtió, es una observación que la ASF registra como hallazgo en sus auditorías y que puede derivar en responsabilidades administrativas perseguibles hasta siete años después. «Las diputadas y los diputados deben saber que al haber nombrado a estas personas están incurriendo en un presunto acto de corrupción», afirmó.
A un año del arranque de Transparencia para el Pueblo, solo 18 estados han armonizado su marco normativo y 14 han hecho caso omiso, violando la ley, detalló la doctora en Administración. Añadió que la Secretaría de Anticorrupción lo describió como «un avance significativo», pese a que las cifras muestran que el INAI resolvió 15 mil 163 recursos en 2024 contra 5 mil 991 que reportó Transparencia para el Pueblo en 2025, con un universo de sujetos obligados más reducido.
“Te puedo hablar del caso de Jalisco, de Guanajuato, de varios estados, los funcionarios, los órganos garantes y las autoridades no garantes están abusando”, puntualizó.
Ya son palpables las consecuencias para la ciudadanía, agregó, al referir reservas de información argumentando razones de seguridad que no proceden, o sujetos obligados que responden a las solicitudes enviando hipervínculos que, al abrirlos, aparecen rotos. Organismos que por la nueva ley asumieron como propias autoridades garantes —como el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) y la Comisión de Derechos Humanos (CDHEZ), y los órganos a nivel nacional— tampoco han transparentado cuántas solicitudes han recibido ni cuántos recursos han resuelto. «A eso se le llama opacidad», sentenció.
Con la desaparición del IZAI y sin titular en funciones, un zacatecano al que le nieguen información pública no tiene hoy autoridad a la cual recurrir: su única vía es un juicio de amparo ante juzgados federales especializados ubicados en Aguascalientes. «Lo que hicieron con este nuevo modelo es judicializar el acceso a la información en este país», señaló Del Río.
Julieta del Río contrastó la situación con la experiencia de Coahuila, donde nombraron oportunamente a un titular con experiencia y conservaron al personal técnico. Subrayó que en Zacatecas no hay escasez de capital humano: los dos directores generales de la Plataforma Nacional de Transparencia cuando operaba al 100 por ciento son zacatecanos, y hay exfuncionarios del IZAI con décadas de trayectoria. Agregó que tanto ella como el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, han propuesto perfiles al gobernador. «No hay pretextos para decir que no hay perfiles», concluyó.
