Roberto Luévano Ruiz, candidato a la presidencia municipal de Guadalupe por la Coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para presentar una demanda en contra del Gobierno del Estado y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por inconsistencias en la resolución que lo inhabilita para ocupar cargos públicos, entre ellas falsedad de información.
Refirió que, a través de la inhabilitación, autoridades pretenden sacarlo de la contienda electoral porque es el candidato “con mayor crecimiento entre la ciudadanía y el único reconocido por los guadalupenses por su capacidad para gobernar y resolver las problemáticas del municipio”.
Recordó que la inhabilitación fue promovida por la SFP acusándolo de no recuperar préstamos de un programa de apoyo a emprendedores durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social; sin embargo, la resolución de la propia autoridad del Gobierno del Estado presentó inconsistencias, pues en el mismo documento se reconoce que hubo un porcentaje de recuperación superior al 80 por ciento.
Además, el candidato aseguró que la autoridad busca fincar la pena máxima aún y cuando se trata de un asunto administrativo no grave, debido a que el objetivo real es bajarlo de contienda.
Luévano Ruiz consideró que es extraño que, en la resolución administrativa, él es el único señalado y la acusación versa por no “vigilar” que se cumpliera la recuperación de créditos en años de pandemia de Covid-19, a pesar de que muchos emprendedores perdieron su patrimonio.
Sin embargo, lo más grave es que “las autoridades mintieron a un juez federal, ya que negaron la existencia de la resolución definitiva al momento de rendir sus informes previos y justificados, razón por la cual en un primer momento se le negó la suspensión definitiva. Todo esto a fin de evitar que Roberto Luévano pudiera registrarse como candidato”.
Ante esa situación, dijo que presentó la querella por el delito de falsedad de declaración ante una autoridad, contra la titular de la SFP y el director de lo Contencioso e Inconformidades adscrito a la Subsecretaría de Responsabilidades de la dependencia.
En dicha denuncia se solicita a la FGJE que investigue la falsedad de declaraciones en que incurrió la SFP al momento de rendir los informes previo al juicio de amparo, que se promovió inicialmente para saber si existía sentencia sancionadora en algún procedimiento instruido contra el quejoso.
“Hoy venimos a la Fiscalía a interponer una denuncia contra el Gobierno del Estado, porque a través de la Función Pública continúan intentando quitarle a Guadalupe su derecho a decidir”, expresó Luévano Ruiz.
Explicó que en este momento el proceso de inhabilitación se encuentra suspendido por un diverso amparo, por lo que se está en espera de una resolución definitiva, que esclarezca los hechos y que seguramente habrá de absolverle de los hechos que le acusa la autoridad estatal.
