Jalisco se encuentra sumido en un círculo vicioso de violencia represiva: la brutalidad policial que llevó a la muerte del albañil Giovanni López desató manifestaciones de indignación ciudadana en la capital del estado, y las autoridades pretenden neutralizar el descontento social mediante una represión sistemática de las protestas en la que se hace patente el desmedido uso de la fuerza pública. Durante jueves y viernes, los uniformados han cometido violaciones como arrojar piedras y otros objetos contra los manifestantes, amenazar con matarlos, realizar detenciones arbitrarias, acudir a las concentraciones vestidos de civil para golpear a los asistentes y, en suma, han mostrado una notoria incapacidad para lidiar con las protestas en un marco de respeto a los derechos humanos.
El 4 de mayo policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos detuvieron a Giovanni López por motivos que hasta ahora no han sido aclarados. Al día siguiente, su cuerpo apareció en el Hospital Civil de Guadalajara, donde una autopsia determinó como causa de la muerte traumatismo craneoencefálico y diversas lesiones, entre las que se cuenta un disparo en la pierna. De acuerdo con los familiares, la detención de Giovanni se produjo debido a que el trabajador no portaba cubreboca, por lo que el homicidio se inscribiría en la serie de arbitrariedades y abusos de autoridad que ha marcado la aplicación del acuerdo de tolerancia cero, publicado el 19 de abril por el gobernador Enrique Alfaro con la finalidad de hacer obligatorio el uso de las mascarillas de protección en la entidad.
Durante un mes, los gobiernos estatal y municipal apostaron a que el crimen quedase impune y fuese finalmente olvidado. Pero el descontento social, que ya venía fermentándose por los modos autoritarios y violentos con que se pretendió hacer efectivo el decreto del mandatario, estalló después de que se difundiera un video del momento en que los policías de Ixtlahuacán arrestan a Giovanni López y lo obligan a subir a una patrulla, con lo cual el joven se convirtió en símbolo de la represión generalizada que tiene lugar en el estado.
Si bien, Jalisco es el ejemplo más vergonzante de represión, eventos de brutalidad se viven en todo el territorio nacional, para muestra reciente están Tijuana, la Ciudad de México y desgraciadamente Zacatecas, donde elementos de la Policía de Investigación, como los agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), el director de Servicios Periciales, el director de la Policía de Investigación y el director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) fueron señalados por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, como responsables de la muerte del joven Marcos García, quien perdiera la vida en abril de 2019, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), que en próximos días habrá de entregar la recomendación a las autoridades involucradas.
Por lo anterior señalado, es claro que urge implementar la reforma al sistema de formación policiaca donde, a pesar de la cuarta transformación, el carácter punitivo, reaccionario y represor persiste en todas las fuerzas de seguridad del país. Para el caso de Zacatecas con Marcos García es urgente que los diputados locales llamen a cuentas al Fiscal Francisco Murillo Ruiseco para que explique el porqué de la demora de las investigaciones y el castigo a los culpables.
