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lunes, 17 enero, 2022
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La austeridad como norma

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Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

No se es novedoso al escribir que la democracia sufre un problema de desencanto social. Los últimos años lo venían advirtiendo distintas mediciones, y resultados de procesos electorales en todo el mundo, lo han confirmado. Lo anterior está relacionado de manera directa con un tema de resultados en la mayoría de los casos. Podríamos extender el debate e irnos a las consecuencias del modelo económico que ha generado niveles de calidad de vida nunca antes vistos, a la par de una desigualdad aberrante y lastimosa, entre otras causas. Pero se trata, en términos políticos, de un asunto de distancias entre formas de entender el Estado, su tarea, las funciones y las relaciones del poder, y una sociedad que evoluciona a una velocidad que las instituciones no logran alcanzar. La sensibilidad, la empatía y la cercanía de quiénes toman las decisiones, para quiénes las sufren, son elementos que hoy se han vuelto indispensables para mejorar la relación entre la ciudadanía y la clase política. A partir de estos antecedentes y argumentos, la iniciativa de Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios, presentada recientemente ante la Legislatura del Estado, junto al paquete económico, me ha parecido interesante y oportuna. Abre la posibilidad a un debate necesario, urgente, serio y responsable, respecto al uso de los recursos públicos en nuestra entidad, más allá de los conceptos que ya se habían manifestado como normas para el buen manejo del erario. Integrar a los anteriores conceptos el de austeridad, lleva a darle forma a un principio constitucional de la máxima ley en nuestro Estado, y con ello, pasar de la abstracción a la acción. Permitirá dotar de seguridad jurídica a las políticas, estrategias y demás esquemas se busquen implementar para garantizar que dicho criterio, tenga mecanismos que lo lleven a ser una práctica. Frente a la limitante de recursos que todos los gobiernos, y la sociedad misma, enfrentan, es indispensable dar un paso en esa dirección. Cabe destacar que la austeridad, no significa ni debe significar, el sacrificio de derechos laborales, y claro está, menos aún fundamentales, para las personas servidoras públicas, sino la conquista de más servicios, más alcance y eficiencia a favor de la ciudadanía en general. Sí debe significar el fin de los privilegios, pues ahí donde éstos existen, lo hacen a costa de los derechos; los primeros se diferencian siempre, en ser de limitado alcance para unos cuantos, los segundos, en que, cuando menos como aspiración, deben estar garantizados para todas las personas. Tampoco significa asfixiar la administración, ni socavar la división de poderes, autonomías reconocidas en la Constitución u otros mecanismos de contención del poder, sino de un esfuerzo por consolidar un modelo institucional sobrio, digno, decente en términos de ser defendible ante la sociedad a la que sirve y consiente, de las necesidades que es urgente atender como Estado. La mayoría de las personas que se dedican al servicio público, no solo entienden esta situación: la viven, son parte del conglomerado que ha enfrentado la compleja situación que es nuestro contexto. Que el principio se lleve a la práctica a través de un instrumento legal y no esté a expensas de la voluntad, podría resultar esencial para su garantía. No debe obviarse, sin embargo, que la voluntad política es indispensable para que su implementación sea sustancial y sus resultados sean los esperados. El análisis, que apenas comienza, es una buena oportunidad para, de nueva cuenta, hacer de un principio ya expresado en la Constitución local, una práctica de conciencia, compromiso, vocación y servicio.

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@CarlosETorres_

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