No existe nada tan delicado e importante en este país como atender a una niña, niño o adolescente que ha sufrido alguna vulneración de derechos. A diario este importante segmento de la población ve rotos sus sueños cuando su familia se desintegra, ya sea por la violencia, por el uso de drogas, alcoholismo o la vinculación de sus progenitores con alguna actividad ilícita. Otros aspectos que afectan también su integridad física y mental son la omisión de cuidados, el abuso sexual o cualquier otro tipo de violencia; por ello, la Convención de los Derechos del Niño de 1989, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° párrafo décimo primero y, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, interponen el Interés Superior de la Niñez como una guía en el diseño y seguimiento de las políticas públicas orientadas a garantizar plenamente sus Derechos Humanos Fundamentales. Un niño o una niña, no pueden en razón de su edad, defenderse de los agravios que se le presentan a lo largo de su vida; quedan en estado de indefensión, sobre todos cuándo las personas que debieran brindarles seguridad, amor, comprensión y confianza, los han abandonado o los han violentado, afectando su integridad. Según la UNICEF, a lo largo de las etapas de la vida, es indispensable tener una estrecha relación con la familia en dónde se nos brinden los cuidados necesarios para el desarrollo físico y emocional, lo cual nos permitirá desarrollarnos armónicamente para poder explorar, jugar, aprender y establecer relaciones significativas, trabajar y prosperar. Cuando esto no sucede, entra el equipo de trabajo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), cuya tarea principal es brindar el cobijo institucional y la restitución de los derechos que le fueron arrancados a la niñez y a la adolescencia. Así pues, son las PPNNA quienes garantizan en los hechos, el Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia, somos los mediadores entre la familia de origen y sus niños, somos los representantes de las niñas en los juicios, somos los que formalizamos las denuncias cuándo las distintas formas de violencia han generado violaciones sexuales o abusos; enfrentamos sindicatos de maestros cuando incidimos en la separación de algún docente abusador y estamos en constante peligro, pues nos enfrentamos a denuncias de familiares o amenazas contra nuestra integridad por el crimen organizado, cuándo existe el resguardo de un adolescente que ha sido obligado a trabajar en cuestiones ilícitas; ya de paso, nuestra encomienda puede terminar por alguna cuestión de cambio de administración o conflictos internos. En este contexto, es fundamental fortalecer a nivel nacional a las PPNNA, de lo contrario, quedará en entredicho el texto constitucional citado, pues mientras estas instancias se encuentren en situaciones verdaderamente adversas, sin presupuestos suficientes, sin el personal capacitado o improvisado y con una movilidad exagerada en los cargos de procurador y procuradora, no podrá avanzarse en la aspiración colectiva de tener niñas, niños y adolescentes felices y familias bien integradas. De tal suerte, propongo que las citadas procuradurías se eleven a rango de secretarías de estado (Ya se tiene el caso de Coahuila) o que se consolide la autonomía de las mismas como en el caso de Guanajuato, con salarios dignos y con las condiciones técnicas, metodológicas y normativas necesarias para proteger a lo más preciado que tiene nuestra sociedad; no lo puedo ver de otra forma ya que la máxima constitucional de que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, debe estar también por sobre la asignación presupuestal por ejemplo de la Secretaría del Bienestar (674,510 millones de pesos), la Comisión Federal de Electricidad (554,567 millones de pesos), o la Secretaría de Energía (267,439 millones de pesos). Simplemente no veo una fortaleza presupuestal para el tema directo de prevenir violencias contra las infancias, o para atender población vulnerada gravemente en su condición emocional o adicciones, menos aún, existen espacios dignos para atender a NNA en conflictos con la Ley Penal o para evitar y erradicar el reclutamiento forzado y las uniones maritales violentas cometidas contra nuestras niñas indígenas.
Director general de la Asociación Nacional
de Procuradoras, Procuradores,
ex Procuradoras y ex Procuradores de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
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