La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluyó a los ayuntamientos de Zacatecas y Fresnillo en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, el cual investiga indicios de irregularidades que se consideran graves o de alto riesgo.
En este programa se contemplan auditorías “Forenses” que consisten en un tipo de revisión distinta a la auditoría financiera o de cumplimiento, ya que tiene un enfoque investigativo, se realiza ante indicios de irregularidades o alto riesgo, además de que analiza a fondo operaciones específicas y busca obtener evidencia con valor legal que puede derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El objetivo de estas investigaciones
es que el recurso federal que no se pudo
comprobar en qué se usó sea devuelto.
Con este programa se pretende identificar irregularidades o ilícitos, es decir, actos que impliquen manejo indebido o custodia deficiente de fondos federales, ello con el objetivo de que el dinero que no se pudo comprobar en qué se usó sea devuelto. También indaga sobre fallas en sistemas, para lo cual evalúa si las computadoras y tecnologías del gobierno son seguras y si los datos de los ciudadanos están protegidos.
Asimismo, el programa revisa el uso del Gasto Federalizado y cómo los gobiernos de los estados y municipios gastan el dinero que les envía la Federación para salud, educación y seguridad.
Destaca que la selección de lo que se investiga no es al azar, sino que se eligen entes y se llevan a cabo principalmente en programas basados en su importancia presupuestal, el riesgo de corrupción detectado en años anteriores y la relevancia social del gasto.
De acuerdo con la ASF, las investigaciones se dividen principalmente en tres áreas, la primera en Gestión Financiera, en donde se revisa que los ingresos se hayan recaudado correctamente y que los gastos no excedan lo permitido por la ley; la segunda el Cumplimiento Legal, en donde se investiga si los contratos, compras y obras públicas se hicieron siguiendo todas las normas jurídicas y administrativas; y tercero el Desempeño, en donde se evalúa si los programas sociales o de infraestructura sirvieron para lo que fueron creados, así como la eficacia y eficiencia de la administración pública.
