La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) acusó al Registro Agrario Nacional (RAN) de negar trámites de credencialización y elaboración de actas asamblearias a ejidatarios que integran el Movimiento en Defensa del Río Atenco y contra la presa Milpillas, con el objetivo de debilitar sus procesos organizativos.
En el ejido de Corrales, municipio de Sombrerete, donde se pretendía instalar una de las plantas de rebombeo para la presa, y en el ejido de Atotonilco, perteneciente al municipio de Jiménez del Teul, donde se preveía instalar una cortina de más de 90 metros de altura de la presa, el RAN “ha negado la adquisición de sus Credenciales a las y los integrantes de los comisariados ejidales, negándoles de esta forma tener representatividad en sus núcleos agrarios y ante instancias de gobierno para que puedan realizar gestiones a favor de sus comunidades.
De acuerdo con un pronunciamiento de la REMA, esta situación tiene dos años, desde que los nuevos comisariados ejidales fueron elegidos, situación que preocupa e inconforma a los ejidatarios.
Además, “la Visitadora Agraria de la Procuraduría Agraria, delegación Rio Grande, no les ha dado la atención requerida en las asesorías para la elaboración de actas de asambleas, ni para entregarles las credenciales como comisariados. En estos dos años, las y los ejidatarios han intentado obtener sus credenciales, pero el trámite se vuelve lento y no se resuelve nada”.
“La visitadora también hace dar muchas vueltas a la cabecera municipal de Sombrerete y cada vez que se le pregunta sobre el tema da largas y excusas, sabiendo que no se cuenta con los recursos económicos para hacer esos viajes, a tal grado que pareciera que apuesta a que se cansen y ya no vayan a reclamar sus derechos”, agrega el pronunciamiento.
Según este organismo, no tener las credenciales les ha perjudicado gravemente porque les impide hacer solicitudes o trámites que benefician de sus ejidos, pero es una situación que se ha replicado en todo el país.
Por tanto, parece que es “una estrategia para debilitar a las Asambleas Agrarias, quitarles poder a los ejidos, permitir la impunidad, el despojo y en un momento dado el desplazamiento de las y los campesinos, así que le exigimos a Lucio López Ramírez, encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Zacatecas, que entregue a la brevedad las credenciales a los comisariados de Corrales y de Atotonilco y que no siga bloqueando los derechos de las y los campesinos de Zacatecas”.
