Este viernes, integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) y de la Asociación de Jubilados y Pensionados se pronunciaron en contra de las medidas que propone el Gobierno del Estado para reformar la ley de este organismo y exhortaron a los diputados a no avalarlo.
Durante un encuentro con legisladores integrantes de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Crisis Financiera del Issstezac, Jorge Eduardo Dávila Rangel, del Movimiento de Bases, cuestionó que todas las propuestas del Gobierno del Estado para rescatar al instituto se basan en el perjuicio de los trabajadores y no asume la responsabilidad por la mala administración y corrupción que ha habido, según lo revela la auditoría realizada en 2020.
Se rechaza el cálculo de las pensiones con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) porque estanca los ingresos de los pensionados pues su valor no se actualiza al mismo ritmo que los salarios mínimos.
“Para nosotros ninguno de los siete puntos está a discusión, nosotros los rechazamos rotundamente. No le vemos ningún beneficio a los trabajadores y sí le vemos una inclinación de la balanza totalmente cargada hacia las finanzas del gobierno del estado”, expresó.
Sobre el gravamen al aguinaldo, dijo que la propuesta del secretario de Finanzas es contradictoria porque no compensa a los trabajadores, lo que significa que esa iniciativa solo trata de “castigar y castigar al trabajador”.
Respecto al incremento de las cuotas, Dávila Rangel expuso que, en la experiencia de los 48 años de existencia del instituto, los trabajadores no tienen certeza de lo que hacen con sus cuotas, por lo que primero debe erradicarse la corrupción y la mala administración. Es decir, no sirve que aumentan la cuota al 30 por ciento si seguirán con ese esquema.
Precisó que el Movimiento de Bases sí está de acuerdo con un tope mínimo y máximo de las pensiones y sugieren que sea 10 salarios mínimos el máximo 23, el mínimo, ya que no tiene sentido imponer 25 salarios mínimos porque nadie los alcanza excepto los magistrados que incluso perciben una pensión de 180 mil pesos.
Por último, aseguró que se pueden implementar mecanismos de financiamiento, pero el gobierno del estado no ha tenido la disposición para revisarlas y en consecuencia se limitan al discurso de liquidar al instituto o reformar la ley bajo términos que afectan a los trabajadores.
Por su parte, Adrián Cázares Espinoza, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Issstezac, afirmó que el gobierno del estado “no tiene la menor idea de lo que quieren hacer porque el instituto está incluido en la Ley Federal de Entidades Públicas Paraestatales y por lo tanto liquidar no es fácil”.
Expuso que el clausulado de esa ley señala las condiciones para desaparecer alguna de estas entidades, por lo cual la decisión de un gobernador no sería suficiente para proceder con la liquidación.
Por tanto, consideró que el secretario de Finanzas solo tiene el objetivo de amenazar a los derechohabientes, ofenderlos y “tratarnos como unos tontos”, lo que se evidencia con las siete variables paramétricas que se presentaron en días anteriores.
Desde su perspectiva, el Gobierno del Estado tiene el interés de desaparecer al Issstezac porque lo ve como una carga económica y “los Monreal siempre han tenido ese tipo de visión: beneficiarse, abusar, sacrificar a la sociedad”.
Entonces, Cázares Espinoza pidió a los diputados que no se atrevan a generar condiciones para aprobar una iniciativa de reforma que no ha sido consensuada con los derechohabientes, porque ello provocaría y acentuaría la crisis social.
