El gobernador Miguel Alonso Reyes aseguró que la investigación de oficio que se inició en cuanto al presunto caso de corrupción en la 60 Legislatura del estado, tuvo como motivación el interés público que se generó en torno a esta cuestión.
En este sentido, expuso que “regularmente deben existir denuncias fundadas pero en este caso, con base en precisamente al interés manifiesto sobre el tema, fue que decidí que se hiciera de oficio una investigación sin ser un asunto estrictamente obligatorio”.
Agregó, que no es necesario que se dé de baja a los funcionarios estatales que se vieron envueltos en el caso a través del audio que fue difundido la semana pasada en redes sociales y medios de comunicación, y que son Francisco Escobedo Villegas, secretario general de Gobierno, y Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas.
“No es necesario porque me parece que lo primero que está y debemos respetar como autoridad son los derechos de los ciudadanos a poder defenderse, a poder esgrimir cualquier tipo de argumentación, de información, si es que no hay necesidad de ello”, puntualizó.
El gobernador afirmó que, como en cualquier otro caso, hay absoluta transparencia y decisión de que se deslinden responsabilidades a quien corresponda, de acuerdo a los resultados que arroje la investigación.
“Simplemente seguimos los procedimientos de ley, no hay ningún tipo de mentira, ningún tipo de intención”, aclaró Alonso Reyes.
Esto lo aseveró, debido a que el lunes, durante la celebración del Día Mundial del Turismo, el mandatario fue cuestionado sobre si el gobierno comenzaría una investigación de oficio en este caso, a lo que respondió que primero debería haber una denuncia formal de los hechos.
Sin embargo, pocas horas después y aunque todavía no se había hecho esa denuncia oficial, el gobernador ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE que comenzara las investigaciones pertinentes.
