Los representantes del Ejido San Martín y sus anexos, que incluyen comunidades como San Martín, Huertas del Mezquite, La Esmeralda, La Cuesta, El Sauz de San Martín, El Canalizo, El Ramonal, y Las Atarjeas, entre otras, con el respaldo de la diputada Maribel Galván Jiménez de MORENA, realizaron un enérgico llamado a las autoridades para atender el ecocidio generado a alrededor de 200 hectáreas, por una concesión vigente por más de 10 años, la cual, según afirman, se otorgó sin contar con un análisis de impacto ambiental y social adecuado.
El conflicto comenzó desde 2013, cuando se otorgó una concesión a la Asociación Materiales Pétreos para la extracción de arena en el ejido. Según los afectados, desde entonces se ha intensificado la explotación, afectando gravemente los ecosistemas locales y devastando el paisaje natural. Pese a las múltiples denuncias y solicitudes presentadas ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la respuesta por parte de las autoridades ha sido nula, provocando el agotamiento de los recursos y la desesperación de la comunidad.
“Lamentablemente no hemos encontrado eco, y hoy la población que representa a esos más de cuatrocientos ejidatarios está bloqueada, está desesperada porque el daño sigue, el daño sigue y no hay quien ponga un acto a este problema”, expresó Galván Jiménez.
El daño causado por la extracción de arena no solo afecta los suelos, sino también las especies endémicas y los mantos freáticos. Los ejidatarios señalan que árboles centenarios, como sauces, pirules y álamos, han sido gravemente perjudicados. Además, la concesión, que originalmente permitía una extracción limitada a un metro de profundidad, ha sido violada, permitiendo que se excaven hasta 10 metros, incrementando el impacto ambiental.
“Estamos hablando de árboles de más de 100 años que están siendo talados y de una explotación voraz que está agotando nuestros recursos. Ya no queda mucho de lo que antes era un oasis en esta región”, explicó Raúl Rodríguez Camarillo, alcalde de la comunidad de San Martín.
“Todas estas personas hoy aquí presentes, somos gente humilde pero no ignorante”, declararon los afectados a través de un comunicado.
Incluso acusaron que los concesionarios han recurrido a calumnias para continuar con el ecocidio. Nicolás García, uno de los ejidatarios afectados, denunció que durante una asamblea en la que se discutía el impacto de la explotación, María de los Ángeles Quintanilla Salazar, quien se oponía a las demandas de la comunidad, afirmó haber sido agredida físicamente por él e impuso una demanda.
García aseguró que estas acusaciones son falsas y que dicha denuncia ha complicado aún más la lucha de la comunidad contra la extracción desmedida de recursos, intensificando la frustración ante la inacción de las autoridades.
“La gente está cansada, ya hemos agotado todas las vías legales y no hemos recibido respuesta. No descartamos tomar medidas más enérgicas si no se nos escucha”, señalaron.
Los ejidatarios hicieron un llamado a la sociedad zacatecana y a los medios de comunicación para que se difunda su situación y se visibilice el ecocidio que está ocurriendo en su región, con la esperanza de que esto ayude a atraer la atención de las autoridades y poner fin a la devastación de su tierra.
Expresaron su deseo de que las instituciones cumplan con su deber de proteger el medio ambiente y respetar los derechos de las comunidades rurales, quienes dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia.
