El proceso electoral 2016 está por dar inicio para la renovación del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del total de los ayuntamientos. El árbitro electoral está debidamente integrado, no así en la instancia de procuración de justicia la llamada Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Este retardo debido a que apenas a mitad de esta semana que concluye, el gobernador envió a la Legislatura su propuesta que recayó en la licenciada Rosalinda Álvarez Mercado.
La licenciada Álvarez Mercado es una Agente del Ministerio Público con una experiencia mayor de veinte años en el cargo, con honestidad y capacidad igualmente demostrada. Sensible, cual se requiere en el ámbito de la procuración de justicia. Seguramente será avalada por la Legislatura, con la garantía que su labor hablará mejor de ella, sólo que un inconveniente jurídico obstaculiza el mejor e ideal desempeño: La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El cargo como tal carece de autonomía respecto de la Procuradora y del gobernador del estado y poco o nada podrá hacerse para sancionar a los delincuentes electorales. Así, simulando, siempre simulando, se protege a sí mismo el sistema político mexicano.
Bill Clinton, siendo presidente del país más poderoso del mundo, pudo ser indiciado por perjurio, derivado de haber negado ante la justicia norteamericana haber recibido un “simple beso” de una becaria de la Casa Blanca. Sólo con el perdón público y, sobre todo, el de la esposa, salió bien librado el beneficiario del beso (¡y que beso!).
Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala fue acusado (aún en funciones de Presidente) de corrupción por el fiscal José Antonio Morales y además por encabezar un grupo de defraudación aduanera. El acusado tuvo que dimitir y hoy se encuentra preso en un penal en el país que hasta principios de esta semana gobernó.
En Francia un ex presidente enfrenta cargos de corrupción, en España la llamada familia real está envuelta en problemas legales por desvío de fondos públicos, en Brasil, Lula es acusado y, hasta en países del tercer mundo no falta que personaje sea internado en alguna prisión por delitos que afectan al patrimonio del Estado.
En México, invariablemente todos los ilícitos (que son incontables) cometidos por funcionarios y/o, por parientes de estos, por militares o policías de alto rango quedan impunes y hasta exonerados con honores (véase el asunto de la casa blanca de la esposa del presidente Peña).
¿Será que en otros países los fiscales o agentes del ministerio público (como quiera llamárseles), son funcionarios de nivel superior a los que ejercen en México? ¿O más capaces? ¿O más honestos? ¿O más decididos y valientes? Obviamente no. Lo que sucede es que están dotados de autonomía técnica, estructural y hasta económica.
El mexicano simula y disimula dice Octavio Paz en el Laberinto de la Soledad. “Simular es inventar o, mejor, aparentar y así eludir nuestra condición” agrega. Hoy, en ninguna de las entidades de la República o en la legislación federal, existen órganos realmente autónomos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con la fiscalización y auditorías en rendición de cuentas, en transparencia de información y en derechos humanos.
Indudablemente que la designación de la licenciada Rosalinda Álvarez Mercado es buena y acertada. El Ejecutivo que la designa, aparenta interés por que se castigue a los delincuentes electorales y con ello saca raja política por las virtudes propias de la designada, sólo que, ya en el camino y aprovechando su jerarquía, por sí o a través de su procuradora, será el primero en obstaculizar el trabajo de la fiscalía. Los intereses políticos serán prioritarios. “Al amigo justicia y gracia y al enemigo nomás justicia” tal vez dirá o tal vez lo piense.
Las olimpiadas especiales: El despojo
Me obligué a reservar un pequeño espacio en mi colaboración semanal, para denunciar lo que se constituye en un abuso de autoridad, que conlleva al despojo en perjuicio del comité que desde hace muchos años realiza labor social organizando las Olimpiadas Especiales, resultando perjudicados también quienes son cada año participantes.
Siendo gobernador Arturo Romo Gutiérrez, autorizó la donación de un terreno ubicado a un costado de lo que es hoy la Alberca Olímpica, en favor del comité y de discapacitados. Fue la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos la encargada de legalizar el acto que fue autorizado por la Legislatura del Estado.
Hoy, con motivo de las ampliaciones en las instalaciones feriales, a las que se invirtió la suma de 120 millones de pesos, el terreno del que disponían las Olimpiadas Especiales es ahora ocupado en estacionamiento y otros usos para la feria que inicia, en tanto, al parecer les fue permutado el inmueble por otro bastante alejado.
En este gobierno la obra de relumbrón es la prioridad. El daño social está hecho.
5-sept-15 ■
