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martes, 6 diciembre, 2022
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En torno a la ley de desaparición forzada y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley

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Por: RICARDO BERMEO •

Nuestra agenda política nacional tiene como uno de sus temas centrales el de la iniciativa de Ley General de Desaparición Forzada y de Desaparición por Particulares (LGVDFDP). Habría que preguntarse las razones de fondo por las cuales el Estado Mexicano, (junto a un abanico más amplio de organismos internacionales, cuyas presiones obedecen a distintas causas), estaría actualmente impulsando que dicha norma pueda ser legislada de manera expedita (180 días a partir del 10 de julio pasado, fecha en que se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al art. 73, fracción XXI de la CPEUM).

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¿Respuesta a la presión internacional y nacional, coincidentes aunque no equivalentes punto a punto, si atendemos a la verdadera “corriente principal” de todo este proceso, la heterogénea, y creciente “marea” de familias-víctimas que avanzan -más y más- con sus exigencias de “encontrar a sus seres queridos” desaparecidos, constituyéndose, en ese caminar preguntando, con casi todo en su contra, en sujetos de derechos inalienables: a la justicia, a la verdad, a la memoria, a la reparación integral del daño y a la no repetición, y en sujetos políticos, capaces de participar directamente en las acciones que les permitan retomar el control de sus vidas, conformando “grupos plurales de sobrevivientes”?

¿O bien, desde un verticalismo autoritario (estado céntrico), se trata de una oportunidad para una estrategia de relegitimación  por parte de un Estado/gobierno/sistema de partidos, zombi o mezcla de “maestro en el arte de la simulación” y “aprendiz de brujo”? ¿Oportunidad para instituir un dispositivo para fragmentar, dividir, capturar, escanear, y en el límite “neutralizar” a quienes luchan por una justicia verdadera, en un contexto de crisis global que acelera la acumulación por desposesión?

En México, está en marcha un proyecto de diseño e intervención, convocado de manera plural por un conjunto de organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas, con varias reuniones al hilo, Cuernavaca, Chihuahua, Jalisco, Centro, donde el papel protagónico, por derecho propio, lo han llevado las familias-víctimas. Un rol que ha sido, sigue, y seguirá siendo fundamental, (como me dijo una madre de Veracruz: hay que poner al frente del movimiento a las madres de nuestros desaparecidos; las madres nunca serán cooptadas, ni se doblegarán, ni arredrarán…) junto al de quienes los acompañan, ambos, refuerzan y amplifican los reclamos y exigencias de justicia y verdad, de las familias-víctimas contra un sistema que sigue –en los hechos- protegiendo la impunidad, la corrupción, y en esa misma medida, la criminalidad –así- institucionalizada.

Ir abriendo intersticios, en el plexo mismo del régimen de violencia institucionalizada que padecemos, donde coexiste  -paradójicamente- junto a la “segunda realidad” operada por un “segundo estado”, también, una parte del propio Estado, que intenta realizar una “ruptura” desde dentro, para erradicar las desapariciones forzadas, y desapariciones por particulares, y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. Pero esa es una tarea destinada a un fracaso altamente probable, se entrampará en una viciada y burocratizada institucionalidad.

Nos encontramos al fin de la primera fase de un arco, que dentro de un marco de la evaluación de una ley, sería el de la fase prelegislativa, relacionada con el análisis de contexto que incluye diversas dimensiones de la materia a legislar: sociales, normativos, institucionales, políticos. El 8 de septiembre se cierra este parte del ciclo. Y el 9, da inicio la fase legislativa, que por los tiempos legales establecidos será rápida. Para dar lugar, con la ley vigente que resulte, a la tercera fase, la postlegislativa.

Sabiendo lo que sabemos, debemos a toda costa, evitar el hundimiento del horizonte estratégico, bordando siempre juntos: la fuerza moral, basada en el afecto, el respeto y el reconocimiento recíprocos; la lucidez vital -fuente- de nuestra inteligencia colectiva; y la fuerza política derivada de una densidad organizacional territorialmente anclada y basada en la toma de decisiones desde abajo, donde la democracia sea una forma de vida, y no sólo procedimental.

Necesitamos cambiar nuestros paradigmas. Quizás no basta apelar a que… “todos somos víctimas potenciales”, la brutal “infibulación” -si se me permite la expresión-, del sector de familias víctimas (“en algo andarían”, etc.) del resto de la sociedad, es irracionalmente eficaz, porque está alimentada las 24 horas por los medios de comunicación, y por el funcionamiento mismo de lo instituido.

Conceptos como el de “seguridad humana desde abajo” nos puede enseñar a visibilizar que vivimos en un modo de organizar la sociedad que nos golpea a todos y a todas, y que solamente transformándonos -en el día a día- desplegaremos la creatividad propia de nuestras solidaridades imaginantes.

Quizás nuestras pasiones democráticas puedan despertar de su letargo si participamos validando reflexivamente la iniciativa presentada por los familiares de las víctimas. ■

 

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