El conflicto en la colonia El Jaralillo, por la venta y sobreventa de terrenos, se debe a que es un fraccionamiento irregular, sin aval del municipio, y muchos de los pobladores fueron engañados por personas que no acreditaron la propiedad de los predios, por lo que el asunto sólo podrá resolverse si las asociaciones implicadas y los habitantes llegan a algún acuerdo, o bien, mediante procesos legales.
Carla Daniela Maldonado Ríos, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del ayuntamiento de Zacatecas, informó que este problema data de hace 20 años y durante ese periodo ha habido tres vendedores de terrenos: la asociación Pozo Zarco, de Antonio Alfaro; la asociación Movimiento Urbano, de José Cruz Alanís; y José Guadalupe Marchan Ortiz, apoderado legal de Verónica Marchan Ortiz.
Sin embargo, el único que ha acreditado la propiedad de El Jaralillo, en lo general, es Antonio Alfaro, quien preside la asociación Pozo Zarco, mientras que los otros dos sólo son propietarios de algunos predios.
“Es importante mencionar que se trata de un asentamiento irregular, un fraccionamiento que no ha sido aprobado por parte del ayuntamiento y para ello debe cumplirse con una serie de requisitos”, expuso.
Explicó que la autorización de un fraccionamiento está definida por el Código Territorial Urbano y el fraccionador debe cubrir todos los requerimientos y posteriormente el municipio hace la revisión, se pasa a Cabildo para su aprobación u después puede iniciar la venta de terrenos.
Maldonado Ríos precisó que el propietario de El Jaralillo nunca hizo el procedimiento para regularizar el fraccionamiento, de manera que los habitantes no tienen certeza jurídica y no poseen escrituras, pues este proyecto nunca ha sido aprobado.
En consecuencia, “en este caso existen ventas dobles e incluso triples en algunos lotes y ese es un problema que se ha generado de particular a particular, pero el propietario general es Antonio Alfaro y la situación de las ventas de las otras asociaciones es una problemática que se debe manejar de manera legal”, expresó la funcionaria.
Comentó que algunos colonos han tenido acercamiento con el municipio y “lo que se les ha dicho a las personas es que tienen que iniciar un proceso legal a quien les vendió, ya que es un problema de particulares, es un fraccionamiento no autorizado y es un asentamiento irregular donde se ha jugado con el patrimonio de las personas”.
Explicó que en todo asentamiento irregular no hay certeza jurídica de las personas que habitan esos espacios, de manera que no es posible que tengan escrituras y, en consecuencia, el municipio no tiene responsabilidad para brindar servicios básicos.
Maldonado Ríos afirmó que, en estos casos en donde se presentan ventas dobles o triples de los mismos terrenos, “es un fraude”, motivo por el que los colonos de El Jaralillo deben emprender jun proceso legal para que su situación se esclarezca.
“Tenemos muchas mesas de trabajo realizadas con Gobierno del Estado para poder destrabar este asunto y regularizar, a fin de que no se genere más embrollo en este asentamiento y es importante mencionar que este es un problema de muchos años y las construcciones no tuvieron ninguna autorización del ayuntamiento”, expuso.
Reiteró que en todo conflicto, surgido por tratos entre particulares, son los involucrados quienes deben recurrir al proceso legal, mientras que el ayuntamiento solo tiene una facultad administrativa y por lo tanto no puede interferir en este caso.
Detalló que la asociación Pozo Zarco sí ha tenido acercamiento con el municipio y el Gobierno del Estado para regularizar El Jaralillo y brindar certeza jurídica a las personas que tienen algún predio adquirido, pero esta problemática de sobreventa lo ha impedido.
Maldonado Ríos dijo que, en caso de llevarse el caso a litigio, el juez determinará las medidas convenientes, motivo por el cual es importante que los afectados recurran a un proceso legal, o bien que se busque un acuerdo entre las dos asociaciones y los mismos colonos.
“Creo que se ha malentendido de que el ayuntamiento tiene la facultad de intervenir en esta parte legal, pero no es así. Nosotros tenemos la facultad de regularizar de acuerdo al código territorial, pero asignar propietarios no es nuestra competencia”, agregó.
Por último, informó que en la capital del estado hay un total de 63 asentamientos irregulares, de los cuales 0 están en proceso de regularización debido a que ya cumplieron con la mayoría de los requisitos, lo que beneficiará con certeza jurídica a sus habitantes.
