Jorge Eduardo Dávila Rangel, integrante del Movimiento de Bases en Defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), afirmó que esta organización no aceptará una reforma a la ley bajo los términos que presentó el secretario de Finanzas, pues asegura que perjudica a los derechohabientes y excluye las propuestas que ellos han hecho.
Recordó que en la reforma del 2015 se estableció que esa ley sería revisada cada cuatro años para actualizar los estudios actuariales y así prever la situación financiera, pero eso no ocurrió, lo que provocó un deterioro sistemático del problema.
También comentó que en el 2018 el Movimiento de Bases sugirió que se implementara la reforma del 2015 para ver si eso mejoraba las condiciones del instituto, ya que en realidad nunca la pusieron en práctica, pero tampoco sucedió.
Entonces, “cuando profundizamos el estudio de los estados financieros del Issstezac, nos dimos cuenta de que al instituto ya no le alcanzaba la reforma del 2015 y entendemos que ahorita urge una nueva reforma, pero el Gobierno del Estado no ha querido escuchar a otros planteamientos de solución que se visualizan”, dijo.
Dávila Rangel indicó que el Movimiento de Bases ha presentado en diversos foros al menos cinco alternativas de solución, mientras que el Gobierno del Estado se ha limitado a dos: liquidación o reforma que atenta contra los derechos de los trabajadores.
Según expuso, la administración estatal propone que los pensionados mantengan los derechos adquiridos, pero los trabajadores en activo están seriamente amenazados en la consecución de una pensión digna.
Mencionó que en la actual Legislatura nunca hubo atención al Movimiento de Bases ni a sus propuestas para alcanzar la viabilidad financiera del Issstezac y si ahora se pretende imponer una iniciativa de reforma como la presentada en días pasados, los derechohabientes no lo van a permitir.
Expuso que el Movimiento de Bases presentó una propuesta de reforma a la ley hace varios años y en ella se incluyen alternativas de solución siempre y cuando se apliquen tal y como las plantearon.
Entonces, Dávila Rangel dijo que “podríamos aceptar otro tipo de propuestas de modificaciones a la ley que complementaran la propuesta que nosotros tenemos, pero que no fueran en perjuicio de los derechohabientes”.
Por ejemplo, se refirió al tema de eliminación de la complementariedad y manifestó que ello significa quitar una pensión a los derechohabientes y “eso es una afectación total a sus intereses de tener una pensión digna y entonces no lo podemos aceptar”.
Mencionó que en la reforma del 2015 se aumentó la aportación del 6 al 12 por ciento a los trabajadores y otra vez incrementarlo repercutiría de manera negativa en los ingresos quincenales y eso es preocupante, porque “el 80 o 90 por ciento de los maestros viven al día”.
Por tanto, “es lógico que nosotros, como derechohabientes, jamás vamos a aceptar propuestas de ese tipo, sobre todo porque hay otras soluciones que pueden ayudar al instituto. Ellos dicen que no son viables, pero ni siquiera las quieren implementar. El gobierno se cierra y no acepta ninguna otra propuesta, pero ese no es un diálogo”, concluyó.
