Durante la sesión de la Legislatura de este martes, diputados presentaron una iniciativa de punto de acuerdo para que el gobierno del estado cancele el proyecto del viaducto elevado en el boulevard Adolfo López Mateos y utilizar el recurso presupuestado para necesidades prioritarias de la población y otro más para respaldar a la presidencia de la República ante la política arancelaria de Estados Unidos.
Sobre la iniciativa de punto de acuerdo referente al viaducto elevado, el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero expuso que la inversión aplicada y programada, considerada por expertos como una cifra exorbitante al rebasar los 3 mil 652 millones de pesos, deja sin posibilidad el invertir en infraestructura pública que realmente respete la jerarquía de movilidad, en beneficio de la mayoría de la población de la ciudad que se mueve en medios distintos a los automóviles.
Además, señaló que esa obra producirá afectaciones permanentes al derecho a un medio ambiente sano consistentes en el incremento de los niveles de contaminación del aire por priorizar el tránsito vehicular por encima de obras y acciones que beneficien los modos sostenibles de movilidad conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (caminata, bicicleta y transporte público).
Por tanto, afirmó que el desarrollo del Viaducto Elevado no resulta necesario, dado que la inversión que prioriza a la movilidad automovilista es la menos eficiente, la más contaminante y la que acarrea consigo el daño cultural proyectado.
Además, “en el presente caso, en contradicción con el principio de prevención, las autoridades tildadas de responsables han desarrollado el proyecto del Viaducto Elevado en condiciones de opacidad, tras no hacer pública la existencia de una manifestación de impacto ambiental, situación que hace suponer que no fue realizado”.
Flores Guerrero también mencionó que se trata de una obra pública que amenaza de forma presente, cierta e inminente al paisaje que circunda el Centro Histórico de Zacatecas, catalogado como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.
“Esuna obra que ha sido demostrado no resulta legítima, idónea, necesaria, ni proporcional a luz del derecho moral una justificación al que tiene derecho toda persona zacatecana, sus efectos en la vida cultural tampoco resultan justificables, por lo que debe concluirse que, resulta violatoria de los derechos culturales en su vertiente de protección del patrimonio cultural”, expresó.
Por otra parte, un grupo de legisladores presentó una iniciativa de pun to de acuerdo para que el Congreso del estado respalde y apoye a la presidencia de la República en las medidas que defina para hacer frente a la política arancelaria de Estad0s Unidos.
En ese sentido, exhortaron al Congreso de la Unión, a las entidades federativas y a sus municipios, a sumar esfuerzos y fortalecer a la Presidencia de la República, para que emitan las medidas que consideren pertinentes y necesarias para contrarrestar la política de aranceles implementada por el gobierno de los Estados Unidos de América.
Por último, la diputada María Dolores Trejo presentó una iniciativa de ley para introducir regidores migrantes en cada uno de los municipios, ya que en esos espacios no cuentan con representación política.
Según expuso,, la diáspora zacatecana es una de las más organizadas y participativas en Estados Unidos a través de federaciones, clubes y organizaciones de migrantes, ya que han impulsado proyectos de infraestructura, educación, salud y cultura en sus comunidades de origen, de manera que han demostrado el impacto positivo de la participación migrante en la vida municipal, permitiendo que las remesas no solo sean utilizadas para el sostenimiento de las familias, sino también para el desarrollo comunitario.
“Sin embargo, a pesar de su contribución social y económica, la representación política de las y los zacatecanos en el extranjero sigue siendo limitada, no cuentan con un mecanismo formal que les permita incidir en las decisiones municipales de manera directa, lo que genera una desconexión entre los migrantes y las autoridades locales, así como una subrepresentación de sus intereses en los ayuntamientos”, dijo.
En ese contexto, refirió que es i portante reformar la normatividad en la materia que permita que la población migrante de Zacatecas cuente con representación política en sus municipios para la toma de decisiones.
