La Secretaría de Finanzas y los accesos de Ciudad Administrativa en la capital del estado amanecieron nuevamente tomados ayer por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) Sección 39, en exigencia del pago del Programa Estatal de Profesionalización para 300 personas trabajadoras del sector salud, de las cuales 288 corresponden a personal de enfermería y 12 a trabajo social.
También fueron tomadas oficinas de recaudación en los municipios de Jerez, Loreto, Jalpa, Pinos y Fresnillo, con cinco diferentes puntos bloqueados en El Mineral.
El reclamo se ha intensificado desde principios de este año y, pese a la realización de mesas de trabajo entre el sindicato y el Gobierno estatal, el conflicto permanece estancado, con el personal de salud demandando una solución inmediata y sin más negociaciones que, acusan, no han derivado en respuesta a sus demandas.
El Programa Estatal de Profesionalización se creó en 2016 en Zacatecas, para que el personal de enfermería y trabajo social que continuara con formación de nivel licenciatura o posgrado accediera a una mejora salarial. Durante varios años, el Gobierno estatal cubrió este reconocimiento; sin embargo, en mayo de 2025 el pago se suspendió con la transición de los servicios de salud al modelo IMSS Bienestar.
De acuerdo con la Sección 39 del SNTSA, el adeudo acumulado por la suspensión del programa asciende a 51 millones de pesos.
Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, ha reiterado que las 300 personas que reclaman nivel de profesionalización eran aún auxiliares cuando se realizó la transferencia al modelo IMSS Bienestar. Señaló que la responsabilidad de asumir el pago corresponde a la Federación y no es posible que el Estado asuma una erogación de 200 millones de pesos para cubrir la diferencia.
A la exigencia del sindicato de salud se sumó recientemente la exombudsperson y actual consejera electoral, Ma. de la Luz Domínguez Campos, quien señaló en un pronunciamiento escrito que el programa generó un derecho laboral adquirido para quienes cumplieron los requisitos, por lo que su incumplimiento vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos.
En el texto compartido por la dirigente sindical de la Sección 39, Domínguez Campos subrayó que el cambio de modelo de atención no extingue derechos previamente reconocidos ni exime al Estado de su obligación de garantizarlos.
El personal manifestante ha advertido que el movimiento podría escalar a acciones más radicales, como la toma de carreteras, de acuerdo con las indicaciones que emita la secretaria general del sindicato, Norma Castorena Berrelleza, quien ayer no se apersonó en las acciones de protesta, a diferencia de jornadas anteriores.
