Por sexto año consecutivo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incrementó en más de 10 por ciento el nivel del salario mínimo general. Con el incremento de 20 por ciento para 2024, México se coloca como el quinto país de la región latinoamericana con el salario mínimo más alto, únicamente superado por Costa Rica, Uruguay, Chile y Ecuador. Por otro lado, durante el sexenio de AMLO el salario mínimo nominal (SMN) crecerá a una tasa acumulada de 182 por ciento, mientras que, descontando el efecto inflacionario, el salario mínimo real (SMR) se expandirá al 110 por ciento (gráfico 1). Es importante recordar que la recuperación comenzó con Peña Nieto, aunque a un ritmo más lento, pues entre 2014-2018 el SMN y el SMR crecieron a tasas acumuladas de 35 y 15 por ciento respectivamente. En otras palabras, desde 2014 y particularmente desde 2019, se rompió con la tendencia al fuerte descenso del SMR que fue un rasgo del periodo 1977-1996 (con una caída acumulada de 74 por ciento) y al estancamiento del periodo 1996-2015 (con un descenso acumulado de -0.7 por ciento). ¿Qué implicaciones tiene dicha política para los trabajadores, las empresas y en un sentido más amplio, para el crecimiento económico de México?
1.-Con el último incremento, se recuperará el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Para poner un ejemplo, en 2015 un salario mínimo permitía a una familia poblana comprar en promedio siete kilos de tortilla, con el nuevo salario mínimo se podrán comprar 14 kilos, es decir, ¡el doble con respecto a 2015! Desde otra perspectiva, con el incremento, se recuperará el poder adquisitivo que la clase trabajadora tenía en el año de 1985 (ver gráfico 1).
2.-La elevación del salario mínimo no genera mayores efectos inflacionarios, pero sí es un factor que impulsa el crecimiento en presencia de altas capacidades ociosas (del orden del 20 por ciento para México); pues más salario, significa mayor poder adquisitivo que estimula el consumo, lo que contribuye a impulsar el crecimiento económico. En efecto, durante el periodo 2018-2022 la actividad económica nacional medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) se estancó, en otras palabras, en 2022 el PIB apenas recuperó el nivel de 2019 y luego del brutal descenso del indicador en 2020 (a una tasa de -8.6 por ciento), producto de los efectos económicos asociados a la crisis sanitaria. Lo interesante es que, en el contexto del estancamiento, de los componentes del PIB por el lado del gasto, el consumo privado fue el más vigoroso con una tasa de crecimiento promedio anual (tcpa) de 0.7 por ciento, seguido de las exportaciones netas con un crecimiento de 0.3 por ciento, mientras, el consumo de gobierno, la inversión privada y la inversión pública reportaron tcpa de -0.4, -1.2 y -4.8 por ciento respectivamente.
3.-A pesar de la histórica recuperación del salario mínimo, los costos laborales en México son desde 2015 más bajos que en China, es decir, no son un factor que contribuya a restar competitividad internacional a México. Con ello, la proximidad geográfica con Estados Unidos, el sesgo en favor de la manufactura de exportación, el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y los bajos costos laborales (en comparación con China), son factores que explican los crecientes anuncios de inversiones extranjeras directas a México en el contexto del fenómeno de la deslocalización cercana comúnmente llamado nearshoring.
4.-Los grandes proyectos de infraestructura en el sur sureste mexicano, al impulsar a la inversión privada, son un componente que facilita que los efectos del salario mínimo impacten a las familias de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, pues no se tiene que olvidar la alta informalidad que tipifica al empleo en tales entidades. Es decir, en la medida en que la inversión (pública y su efecto sobre la privada) en el sur sureste reabsorba población ocupada informal hacia nuevas condiciones de formalidad, mayor será la contribución del salario mínimo para impulsar el crecimiento y la generación de empleos de calidad.
Como colofón, la experiencia del sur sureste mexicano nos recuerda la importancia que tiene acompañar la política del salario mínimo con una política nacional de recuperación de la inversión pública, que permita llevar a ésta a por lo menos cinco puntos porcentuales del PIB.
