“Maestro y tirano son dos términos que se excluyen.
En cambio, libertador y maestro son sinónimos;
por eso los pueblos libres veneran a sus maestros
y se preocupan por el adelanto de sus escuelas.”
-José Vasconcelos-
La burocracia educativa ha construido su parafernalia en torno a lo que llama “la revaloración de las maestras y maestros de México”, un concepto estelar que sirve como manthra para invisibilizar el desprecio, la exclusión y represión que se ejerce en contra de muchos de los que se dedican a enseñar. La jerigonza en uso recurre a figuras retóricas como la autonomía profesional para generar la illuso de la libertad, ese ensueño se difumina cuando las maestras y maestros se ponen frente el espejo de su realidad cotidiana.
El trabajo educativo es una actividad de subalternos, el romanticismo y los discursos edulcorados no bastan para suprimir las asimétricas relaciones de poder que rigen en las instituciones escolares, las vejaciones de las que los profesores y profesoras son objeto prueban la afirmación anterior. Por fuera de la ficción autonomista, están sujetos a la racionalidad instrumental y son tratados como simples ejecutores de programas concebidos por fuera de la escuela y por otros.
La tecno-burocrática expulsa a las y los docentes del currículum, menosprecia sus saberes, los desprofesionaliza arrebatándoles el derecho a decidir los asuntos fundamentales de su trabajo. Al salvajismo desprofesionalizante se añaden la coacción epistémica, la exclusión económica, el incremento de los ritmos y periodos de actividad y otros lastres que como la soberbia de la mafia del saber que se cree sabio. Todos pesan como lozas sobre las cabezas del magisterio.
Las violencias económica, profesional, política y epistémica no son las únicas formas de coacción que el poder impone para controlar a los enseñantes, cubierta bajo el manto de la protección de los derechos de la niñez, la violencia legal se ha erigido como una moderna Espada de Damocles que se usa para disciplinar sus mentes y cuerpos. Las formas permitidas y permisibles de ocupar el espacio escolar, los dispositivos didácticos, los comportamientos, el habla, las miradas, los afectos y el resto de manifestaciones inherentes a la labor de enseñar se legitiman desde el campo jurídico, de esta manera las ideas y prácticas pedagógicas construidas por las y los educadores a lo largo de siglos de experiencia son suplantadas por los dictados de la toga.
Despojadas de su función formativa, las escuelas se convierten en guarderías para “grandotes”. Teniendo en cuenta ese propósito, el sistema de educación básica mexicano ha creado reglas y protocolos de actuación que usa para segregar, señalar, medicalizar, vigilar y castigar transgresores de las reglas del cuidado. Las profesoras y profesores ya no ocupan su energía atendiendo tareas de enseñanza, la gastan en la invención de artilugios que les permitan librarse de la vigilancia y los castigos.
El desarrollo integral de los sujetos y la construcción de aprendizajes, razones de ser del trabajo docente, pasan a segundo plano, las imposiciones de la epísteme leguleya se convierten en una barrera para que la labor pedagógica se despliegue en las aulas. Muchos centros escolares han sido convertidos en campos de querellas legales de algunas madres, padres y estudiantes contra sus docentes, las sinrazones de quienes no poseen la mínima idea de que la escuela es espacio de afecto y encuentro, han colocado a la educación al filo de lo imposible.
Los subterfugios están de sobra cuando de atacar a los profesores y profesoras se trata, son suficientes los señalamientos de estudiantes, padres o madres para que sean degradados, aun sin que se les pruebe falta alguna. Hay muchos docentes supliciados por “reglamentos” y “protocolos” de manera aberrante, porque se les condena sin pruebas de la comisión de delitos. Despojados de sus derechos son objeto de múltiples maltratos, la separación del trabajo es la primera medida precautoria y se concreta con crueldad, ignorando que para muchos educadores la enseñanza es su vida. Es vergonzante que la institución escolar se convierta en fábrica de muertos vivientes.
Los maestros condenados “protocolariamente” sufren la infamia del descrédito, son los sambenitados de la Nueva Inquisición. Perseguidos inmisericordemente se les impone la túnica del estigma y la vergüenza pública sin reconocerles el derecho constitucional a la presunción de inocencia. Es inmenso el perjuicio que la intrusión pedagógica de los jurisconsultos ocasiona en ellos: la degradación moral, la alteración de la estabilidad familiar, la debacle económica, el desprestigio social y la vida infame, son costos que muchos seres humanos deben pagar a causa de las arbitrariedades de pordioseros del saber educativo.
La judicialización de la enseñanza minusvalora el trabajo docente y desprestigia sistemáticamente una profesión, pero son mayores los perjuicios que esa impronta intrusiva ocasiona en la educación de niñeces y adolescencias. Con profesores, humillados, envilecidos, despreciados moral y profesionalmente, a lo último que se puede aspirar es a una buena enseñanza.
Cierro estas reflexiones trayendo de nuevo a escena el pensamiento de Vasconcelos quien escribió: “los pueblos libres veneran a sus maestros y se preocupan por el adelanto de sus escuelas”. Si en verdad nos importa la formación de las nuevas generaciones, ¿no nos conviene dejarnos de cuentos leguleyos y respetar la dignidad de los que se dedican a enseñar?
