“Todo sistema electoral es perfectible y cambiante porque la sociedad misma es cambiante, y el conjunto de relaciones sociales y políticas tampoco es estable. Aquí le pregunta es si esta propuesta que tenemos enfrente es verdaderamente la que resuelve los problemas del sistema político electoral mexicano”, se cuestiona Francisco Valerio Quintero, estudioso del sistema electoral, para quien la propuesta de reforma constitucional en esta materia enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados tiene aspectos positivos, pero también “amenazas preocupantes”.
Uno de los aspectos positivos de la iniciativa, dijo a La Jornada Zacatecas el académico jubilado de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), es el que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, porque es preciso recordar que dicho financiamiento lo acordó el propio sistema de partidos, pero investidos con el carácter de legisladores, es decir, en este caso los partidos no actuaron tanto como representantes sociales sino como representantes de su propio interés, y esto explica las cantidades monumentales de recursos que se asignaron.
El argumento para asignarse los recursos, explicó, fue para evitar el uso de dinero sucio en los procesos político electorales, de tal manera, es que consideró como positivo el hecho de que en la propuesta de Reforma Electoral se reduzca el financiamiento o bien, se modifique el esquema de brindar recursos a los institutos políticos y que se establezcan algunas condiciones o restricciones para el apoyo de los partidos reciben de los particulares.
Otro aspecto que Valerio Quintero destacó es el acceso de los mismos partidos a los tiempos de radio y televisión con propósitos electorales. El esquema que ahora se propone, precisó, habla de que tanto en tiempos no electorales como en campañas, los institutos tienen derecho a participar de sus tiempos para difundir sus puntos de vista, el problema, dijo, es que queda subsistente el problema de los tiempos para los actores que participan en el proceso, porque no todos arrancan de una base común, es decir, “no tienen piso parejo”, los de los partidos con mayor arraigo en comparación con el candidato ciudadano.
“Todas las instituciones políticas sin excepción deben su origen al interés ciudadano de contar con un gobierno sano, transparente y un sistema de partidos políticos funcional a los intereses de la democracia, pero entiendo la democracia como un derecho ciudadano y no como una prerrogativa de los derechos políticos del poder en turno. Así pues, cuando se aplica este conjunto de decisiones relativas a los tiempos, ya partidos y candidatos arrancaron de pisos diferentes y, en consecuencia, si un grupo de ciudadanos amplios respaldara a un ciudadano fuera de los partidos tendría la enorme restricción del acceso a los recursos individuales porque ahí se establecen topes insalvables”.
Preocupante, la renuncia al carácter federal del sistema político electoral
Entre las cuestiones “extremadamente preocupantes” de la iniciativa de reforma electoral, Francisco Valerio Quintero consideró que si bien es cierto que por una parte es muy sano crear un sistema jurídico electoral con carácter nacional, no lo es el hecho de que desaparezcan los organismos políticos electorales y jurisdiccionales, es decir, los institutos locales de las entidades. “Me parece que ahí hay una absoluta renuncia al carácter federal del sistema político y, en particular, del sistema político electoral. Aquí prevalecería únicamente el carácter central”.
Al desaparecer los organismos locales, advirtió el estudioso, se deja en manos de una entidad abstracta el recurso y el desenlace del proceso político electoral, una ida que consideró como contraria a la salud del sistema político electoral mexicano. Además, hay otro “enorme problema” que tiene que ver con la conformación de los organismos que sustituirán a los que actualmente existen, es decir, el INE y la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral de la Federación, porque se amenaza la funcionalidad y la efectividad de la institución jurisdiccional.
Esto último, porque la función de un consejero electoral y por supuesto de un magistrado del tribunal requiere de un perfil específico y no de la simpatía o del atractivo del sujeto, sino de su responsabilidad social. Y es que en la propuesta que está haciendo el presidente, se dice que habrá 20 candidatos propuestos por él, echando atrás todo el enorme esfuerzo que costó sacar al poder de los procesos electorales.
“¿A qué interés político y electoral van a obedecer los 20 propuestos? De antemano, yo digo que no me inspiran confianza alguna. Se requiere de mucha integridad moral para resistir las presiones del poder público y no hay un gobierno local o federal que no desee manejar, desde su interés, el funcionamiento de estas instituciones. Eso me parece una grave amenaza, pero al mismo tiempo una enorme inconsecuencia, porque de qué se han quejado quienes ahora detentan el poder en los años pasados; que desde el poder se manipulaban las elecciones. Aquí me parece que estamos en un absoluto contrasentido”, enfatizó el académico.
Finalmente, en lo que respecta a la revocación de mandato, Valerio Quintero detalló que la iniciativa de reforma plantea la necesidad de reducir al 33 por ciento las personas inscritas en el padrón electoral y ya no el 40 por ciento, lo que señaló como “otro disparate” porque el criterio nada tendrá que ver con la representatividad política de un funcionario en un momento dado, ya que es decir, para casos como Zacatecas que tiene un padrón de alrededor de un millón de ciudadanos, con 160 mil votos se quitaría del poder a un funcionario.
