En los últimos 45 años, México ha tenido diversas reformas trascendentales en materia electoral: en 1977, 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y la del 2014; en esta última se reformó incluso el entonces Instituto Federal Electoral para convertirse en lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional Electoral y su operación institucional.
La propuesta de reformar el sistema político y democrático, presentada por quien hoy encabeza el Ejecutivo Federal, López Obrador, fue la primera realizada por un Presidente; todas las anteriores habían sido impulsadas por las bancadas de los partidos políticos al interior de San Lázaro, pero no es la primera en buscar cambios institucionales del ahora INE, antes IFE.
La propuesta electoral del gobierno de la 4T fue negada en el Congreso Federal por la oposición, pues por tratarse de una reforma Constitucional requería el voto a favor de las dos terceras partes de los legisladores; la oposición la rechazó desde el momento en que les fue presentada por el Ejecutivo e impulsó una campaña de mentiras con la finalidad de engañar al mexicano para que éste se opusiera a la misma; buscaban respaldo popular para hacer frente a la propuesta que buscaba democratizar al país, terminar con lujos y excesos de una clase política que mantiene el poder en los partidos y todo lo que se deriva de estos: candidaturas, cargos de representación popular como legislaturas y gobiernos de los estados que saquearon durante años, así como la de eliminar el financiamiento a los partidos políticos, entre otros.
El rechazo de dicha propuesta con el voto en contra, y al no alcanzar el porcentaje requerido por Ley, trajo consigo otra alternativa para poder reformar las leyes secundarias en materia electoral e impulsar algunos cambios que, si bien no se asemejan a los que consideraba la reforma Constitucional, si traerán consigo una serie de avances en materia electoral, así como en la estructuración del Instituto Nacional Electoral.
La campaña de mentiras que ha impulsado la oposición del gobierno de la 4T ha sido encabezada por el mismo consejero presidente del mismo INE, quien junto con otros consejeros han empleado a los grandes medios de comunicación para replicar mentiras sobre el plan B de López Obrador en materia electoral; han dicho que se busca acabar con el PREP, mecanismo mediante el cual todos los mexicanos pueden dar un seguimiento en tiempo real de los avances y resultados en el conteo de los votos desde que es concluida la jornada electoral, sin embargo, la propuesta ya aprobada mantiene el artículo 219 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) como ya existía, es decir, ni siquiera se propuso modificar su contenido.
La campaña de mentiras contempla un desmantelamiento del INE, sin embargo, el plan B considera una reestructuración de diversos departamentos el Instituto Electoral, no desapareciéndolos, sino fusionando una gran cantidad de estos, que habían representado un mecanismo de duplicidad de actividades o de repartirlas entre un gran aparato burocrático para engordar la nómina y mantener incluso 300 asesores que cuestan millones de pesos anuales, ¿será necesaria tal cantidad para asesorar a los consejeros?, con la reforma se fusionan áreas y unas asumen las funciones de otras sin desaparecer dichas actividades.
La supuesta desaparición de consejos distritales es también una vil mentira, puesto que la propuesta considera que el INE contará con 32 órganos locales y a nivel distrital, cuya temporalidad será determinada por el mismo consejo del INE, lo que mantiene la autonomía del Instituto y sus órganos locales; tampoco se violentan derechos laborales, puesto que se respetan los empleos y plazas, reorganizando y replanteando únicamente las plazas de los altos mandos, lo que traerá con ello un ahorro de 1,340 millones de pesos al año.
Entre otras mentiras, el Presidente Consejero del INE, Lorenzo Córdova, así como Ciro Muramaya, han dejado de ser árbitros neutrales, como deberían de ser quienes ostenten dichos cargos y se han convertido en actores políticos opositores al gobierno de la 4T, utilizando sus encargos, y al mismo Instituto, para servir a intereses perversos de unos cuantos, a intereses de aquellos que en el 2018 perdieron el poder y con ello los grandes beneficios derivados de la corrupción y de la capacidad de saquear a los estados y al país, la capacidad de negociar con cárteles de la droga y de vender a México al mejor postor.
