Cristela Trejo, abogada y activista de la Asociación de las y los Zacatecanos por la Paz, explicó que, desde 2011, la asociación brinda acompañamiento a las familias de personas desaparecidas buscando que se generen políticas que agilicen los procesos de búsqueda, pues “se impulsó la Ley general contra las desapariciones forzadas, a nivel nacional y estatal”.
Aseguró que el estado podrá tener capacidad, pero no tiene el interés ni voluntad, ni mucho menos las estrategias adecuadas, para los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas, “se ve simplemente en la revisión del presupuesto para estas comisiones”, pues no hay investigación inmediata ni eficiente aun cuando se han incluido los mecanismos de los protocolos Amber y Alba.
Explicó que las cifras en Zacatecas vinieron en aumento a partir de 2015 y que, en 2022, hubo un incremento significativo de 40 por ciento con “cifras inimaginables”, ya que desaparecen, en promedio, 43 personas al día en el país, de las cuales, 70 por ciento son jóvenes de entre 19 a 27 años de edad.
“Falta presupuesto y
personal especializado
para las labores
de investigación”
Asimismo, argumentó que estas cifras no son del todo seguras, pues muchas familias, por falta de conocimiento, miedo, una nula confianza en las autoridades, y hasta amenazas, no reportan a la víctima desaparecida, “incluso hay familias que acompañamos en algún momento que no tenían ni una acta de nacimiento porque al ser más pobres tienen menos posibilidades de acceder a la justicia”.
Denunció que, “no hay una fiscalía autónoma” y que falta presupuesto económico, científico y personal especializado para las labores de investigación en este tipo de casos, pues hay más de 500 mil cuerpos sin identificar que “son 500 mil probabilidades de que alguien regrese a casa. Todo es deficiente”, pues la dependencia encargada sólo tiene seis personas a su cargo para todo el estado.
