La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) emitió un pronunciamiento en el que expresó su “más enérgica condena” por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, y manifestó su solidaridad con la familia del edil y con el pueblo michoacano.
El comunicado, firmado por las y los 32 titulares de los ejecutivos estatales, hace un llamado a “mantenernos unidos frente a la delincuencia, sin distinciones políticas ni ideológicas”, y subraya la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar de manera eficaz a la delincuencia organizada.
La Conago, presidida por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reiteró su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, “en las acciones que encabeza para garantizar la justicia y la seguridad de todas y todos los mexicanos”. Asimismo, expresó su solidaridad con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, “y con el pueblo michoacano en este momento sensible”.
“El asesinato de Carlos Manzo es un agravio no sólo para su familia y su municipio, sino para todo el país”, señala el pronunciamiento, que exige “el castigo pleno y expedito a los responsables y justicia por el cobarde asesinato”.
Las y los mandatarios estatales demandaron a las autoridades competentes “que realicen las investigaciones con total diligencia, identifiquen y sancionen a quienes atentan contra la vida de un servidor público y contra la protección de la sociedad en su conjunto”.
En su mensaje final, la Conago enfatiza que “México necesita unidad, fortaleza institucional y trabajo conjunto. Hoy y siempre, cerremos filas por la paz”.
El documento está firmado por las y los gobernadores de todas las entidades federativas, entre ellos Marina del Pilar Ávila (Baja California), Samuel García (Nuevo León), Layda Sansores (Campeche), Evelyn Salgado (Guerrero), Rubén Rocha (Sinaloa), Mauricio Kuri (Querétaro), y David Monreal (Zacatecas), quienes coincidieron en que la violencia contra autoridades locales representa un desafío que debe ser enfrentado desde la institucionalidad y la cooperación nacional.
