La Ley del Seguro Social ha sido, por décadas, uno de los pilares más sólidos en la protección de la clase trabajadora mexicana y sus familias. Gracias a ella, se han garantizado derechos fundamentales como el acceso a la seguridad social, la atención médica o las licencias laborales en casos de enfermedades graves. Sin embargo, hoy enfrentamos un gran reto: reconocer la salud mental como parte esencial de la salud integral, y garantizar que la ley esté a la altura de la realidad que viven miles de familias en México.
En México, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica estima que alrededor del 28 % de la población enfrentará algún trastorno mental antes de cumplir los 18 años. Estas no son cifras abstractas: representan rostros, historias y familias que, muchas veces, atraviesan estos procesos en silencio y sin el apoyo suficiente.
En Zacatecas, por ejemplo, los retos son palpables. Se calcula que alrededor del 10 % de los menores entre 10 y 20 años sufren depresión, y entre 2020 y 2023 se registraron 31 muertes por lesiones autoinfligidas. Son datos que nos sacuden y que nos obligan a hablar sin rodeos: la salud mental de nuestra niñez y juventud está en riesgo, y el Estado debe responder con sensibilidad, firmeza y visión de futuro.
Numerosos estudios médicos y psicológicos coinciden: la participación activa de madres y padres en los procesos terapéuticos mejora la efectividad del tratamiento, reduce recaídas y fortalece la confianza emocional. Sin embargo, la realidad laboral de muchas familias impide brindar ese acompañamiento. Cuidar a sus hijas o hijos en un momento crítico… o conservar su empleo e ingreso económico.
Este vacío legal debe corregirse. La salud mental no puede seguir tratándose como un tema menor frente a enfermedades físicas. El sufrimiento emocional también requiere tiempo, acompañamiento y respaldo.
Por ello, como legisladora he propuesto reformar la Ley del Seguro Social para que las y los trabajadores puedan acceder a licencias laborales cuando sus hijas e hijos menores de 16 años estén en tratamiento de salud mental. Se trata de un cambio necesario y profundamente humano: reconocer que el bienestar emocional es parte integral de la salud y que las familias necesitan herramientas legales para cuidar sin miedo a perderlo todo.
Legislar en salud mental no es opcional; es una obligación moral, política y social. Dar este paso significa modernizar nuestro marco jurídico, honrar los principios constitucionales y, sobre todo, estar a la altura de las familias que enfrentan una batalla silenciosa y muchas veces solitaria.
