A casi cuatro meses de los actos de represión del 8 de marzo en Zacatecas, líderes de colectivos feministas, defensoras de derechos humanos y sobrevivientes se han unido para exigir justicia y rendición de cuentas por los abusos sufridos durante la manifestación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. A través de un comunicado y del relato detallado de una víctima de estos hechos, se busca una respuesta inmediata por parte de las autoridades.
En conferencia, transmitida en vivo por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, se hizo un recuento contundente contra la impunidad y el encubrimiento gubernamental en Zacatecas.
Por lo que diversos colectivos hacen un llamado a la justicia a través de un comunicado en el que señalan que “Las víctimas de represión, Feministas de Zacatecas, La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y Mujeres Sobrevivientes de Tortura Sexual en Atenco, nos sumamos a la denuncia de la negligente opacidad en la actuación de diversas autoridades. Entre estas se encuentra el inaceptable informe de las observadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, quienes incurrieron en imprecisiones e información falsa, como el hecho de señalar que los gritos de las mujeres que se escuchaban desde el callejón de las campanas eran provocados porque las víctimas estaban en crisis, pero sin decir por qué, y negando el que fueron golpeadas.”
Además, se describió cómo las manifestantes fueron sometidas a represión, tortura física y psicológica en el Callejón de las Campanas, un lugar marcado por ser testigo de graves violaciones a los derechos humanos. Según los informes presentados, las mujeres fueron víctimas de golpizas, amenazas y agresiones que incluyeron el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y descargas eléctricas.
La falta de respuesta oportuna y adecuada por parte de las autoridades responsables, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ha sido denunciada como una negligencia grave. Los informes oficiales han sido cuestionados por su parcialidad y falta de rigor, lo que pone en duda la autonomía de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en la región.
Además, se mencionó que las pruebas cruciales, como las muestras de sangre y los videos de vigilancia, han desaparecido o no se han incluido en la investigación oficial, lo que sugiere una manipulación de la evidencia para encubrir los abusos cometidos por las autoridades. La instalación tardía de cámaras de vigilancia en el Callejón de las Campanas también ha levantado sospechas sobre la intención de las autoridades de ocultar la verdad de lo ocurrido el 8 de marzo.
Incluso, La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos manifestó una profunda preocupación por el alarmante aumento en la represión y abuso de autoridad contra manifestaciones y movilizaciones de mujeres en México, especialmente evidenciado en los eventos recientes en Zacatecas. Se ha denunciado un patrón sistemático de violencia física, detenciones arbitrarias y criminalización de las manifestantes, desafiando el deber del Estado de proteger y garantizar el derecho a la protesta y manifestación pacífica. Este contexto de represión anticipada y uso excesivo de la fuerza, justificado bajo pretexto de seguridad pública, revela una preocupante falta de cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos por parte de las autoridades estatales y municipales involucradas.
Este caso emblemático en Zacatecas es una llamada de atención sobre la urgencia de proteger y defender los derechos de las mujeres en todo momento, especialmente en contextos de manifestación pacífica y reivindicación de justicia social.
