En las elecciones presidenciales del 2018, la gente cansada de tanta corrupción e impunidad que prevaleció durante los últimos seis sexenios de los gobiernos neoliberales votó por Andrés Manuel López Obrador, porque representaba el cambio verdadero en el país, porque era un candidato honesto, trabajador y con espíritu nacionalista; quien había recorrido por tierra en muchas ocasiones todos los estados, las regiones y municipios del país; quien se reunía, escuchaba y conocía de viva voz los principales problemas de los pueblos, y juntos exploraban alternativas viables de solución.
Porque en su proyecto para la Nación se comprometía a combatir de manera frontal la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias, que son cánceres agresivos e invasivos que corroen las esferas públicas y privadas, que impiden el desarrollo del país; porque era el candidato que se comprometía a separar los intereses económicos privados de los intereses del poder público; a salvaguardar la soberanía nacional y a terminar con las históricas y dañinas privatizaciones de los bienes públicos e impulsar una política social en el país con atención especial de los que menos tienen “Por el Bien de Todos, Primero los Pobres”.
A tres años y medio del gobierno de la Cuarta Transformación, podemos constatar logros importantes y avances significativos en distintas materias; entre ellos, sobresale, el combate frontal a la corrupción, arraigada durante 36 años, donde los gobiernos, en vez de buscar el bienestar del pueblo se ocupaban en “saquear”, privatizar y hacer jugosos negocios al amparo del poder público; para ello, se hicieron reformas a la Constitución y a las leyes para transferir bienes de la nación a particulares, caso concreto fue la Reforma Energética de 2013 de Peña Nieto en materia de electricidad y del petróleo, con menoscabo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El poder de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras es tan grande, qué aunado a intereses políticos y económicos de grupos favorecidos con las reformas, influyeron en los diputados de oposición para votar en contra de la Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se desechó al no lograr la mayoría calificada. Sin embargo, el presidente logró los objetivos de la Reforma Eléctrica, al declararse la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello, se terminan los privilegios de las empresas privadas que concentraban el 62% de la generación de electricidad con despacho prioritario y la vendían a la CFE a precios altos. Asimismo, recibían subsidios y financiamientos por parte del gobierno y hacían negocios fuera de la ley al tener un comercio paralelo de electricidad y no pagar el “porteo” por usar las redes de transmisión de la CFE.
Sin duda, López Obrador pasará a la historia como el Presidente que se atrevió a enfrentar a la amplia red de corrupción enraizada durante los gobiernos neoliberales, que poco o nada hicieron, sino todo lo contrario, favorecieron la corrupción, al condonar impuestos a los grandes contribuyentes y monopolios nacionales y extranjeros, lo cual representó en los últimos dos sexenios afectaciones al erario nacional de 366 mil 174 millones de pesos, ante esta situación el presidente hizo lo correcto, eliminar las condonaciones de impuestos, al igual que los 187 fideicomisos creados para otorgar concesiones a grupos de interés empresariales, organizaciones civiles, académicos e intelectuales, defensores del régimen de corrupción y de privilegios; cancelar los convenios millonarios con los grandes medios de comunicación y el pago de favores “moches” a periodistas “a modo” para que hablen bien del gobierno.
También fue certero al cancelar contratos fraudulentos del gobierno con solo diez empresas privadas para la compra de medicinas y materiales de curación, y en lugar de ello, implementar un mecanismo de compras consolidadas donde participan empresas farmacéuticas de todo el mundo, logrando mejores precios y calidad; de igual manera, renegociar los contratos abusivos para la operación de los ocho reclusorios “cárceles de lujo”, donde el costo diario por recluso era de 4336 pesos; asimismo, la cancelación de las altas tarifas de siete gasoductos privados para el transporte de gas natural de Estados Unidos; el combate al robo de gasolinas “huachicol” , los avances en los casos de la estafa maestra y Odebrecht, entre otros.
En todos estos casos de corrupción, los gobiernos fueron permisivos, omisos o estuvieron involucrados, causando un gran daño a las finanzas públicas, al desarrollo del país y al bienestar social, para darnos una idea de la gravedad del asunto, basta saber que con la eliminación de las condonaciones multimillonarias a las grandes empresas privadas, aunado a la política de austeridad republicana y al combate de la corrupción se han generado en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ahorros de un billón 400 mil millones de pesos, lo que ha permitido reorientarlos a los programas sociales para el Bienestar en beneficio del 70% de la población con menos ingresos, y a la inversión pública para la construcción de carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, centrales eléctricas, refinerías, vías férreas, aeropuertos, parques, estadios, cuarteles, entre otras. Todo ello bajo la fórmula de la honestidad, la austeridad y el bienestar.
Para consolidar la Cuarta Transformación es condición necesaria seguir con el combate frontal de la corrupción e impunidad en todas las acciones de gobierno, de allí la importancia de que la ciudadanía al emitir su voto para la elección de gobernantes y representantes populares, opte por aquellos o aquellas que se hayan distinguido por ser honestos, austeros y eficientes y castigue a quienes han sido corruptos e ineficientes.
