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viernes, 3 mayo, 2024
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En cinco años la SFP ha interpuesto sólo siete denuncias penales contra funcionarios locales

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

■ Hay abiertos 220 procesos administrativos; 12 involucran a los titulares de varias dependencias

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■ Entre ellos, la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina: Guillermo Huízar

A cinco años del inicio de la presente administración gubernamental, el secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar Carranza, informó que en este tiempo se han presentado siete denuncias penales en contra de funcionarios del estado; cuatro de ellas fueron improcedentes por la inconstitucionalidad de dos leyes estatales y las tres restantes aún están en proceso.

Las denuncias que no pudieron seguir su cauce legal se habían interpuesto en contra de ex funcionarios, entre ellos la ex gobernadora Amalia García Medina, quienes, según expuso, se ampararon y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional tanto la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos como la de Adquisiciones.

Por esta razón, sostuvo, no se pudo ejercer la acción penal a pesar de que, consideró, “hemos hecho investigaciones muy sólidas que han documentado claramente algunas irregularidades que tendrían inclusive consecuencias penales”.

Mientras tanto, las tres denuncias ante el Ministerio Público que están aún vigentes apuntan a la ex diputada Dulce María Becerra por haber recibido recursos del programa 3×1 para la construcción de una planta tratadora, obra que no fue ejecutada; al ex director de tránsito; y a la subsecretaría de integración de personas con discapacidad. Estas, precisó, se interpusieron ya con la nueva Ley de Responsabilidades aprobada.

A la par, expuso Huizar Carranza, hay en trámite 220 procesos administrativos en manos de la SFP, de los cuales cerca de 12 involucran a los titulares de varias dependencias y el resto a servidores públicos son de rangos menores.

Muchos de estos procedimientos administrativos “son nutridos por el operativo centinela, por omitirla presentación de declaraciones de situación patrimonial, pero también muchos de ellos son derivados de auditorías que ha hecho la función pública”, concluyó.

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