Nadie duda que, en general, evaluar sirve para mejorar procesos. La cuestión es cómo se diseña la evaluación para revisar si efectivamente se puede convertir o no en factor de mejora. Y dicha revisión tiene dos momentos: el propio diseño y la organización de la implementación de la misma. ¿Cómo se concibe la evaluación de los docentes en los procesos actuales de contratación y permanencia de los profesores en las aulas? Evaluar es comparar, ¿y contra qué cosa queremos comparar la acción educadora de los docentes para que nos ayude a mejorar su práctica? Pues el objeto de análisis es la práctica docente: el dominio de contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, formas didácticas, planeación, etcétera. ¿Y esto dónde se puede observar? Pues el único lugar donde eso puede verse es en la propia aula. Sin embargo, las evaluaciones se han diseñado como exámenes de opción múltiple. La pregunta entonces es, ¿un examen de conocimientos teóricos sirve para evaluar la práctica docente? Si alguien no aprueba un examen de ese tipo, ¿es indicador seguro de que su acción educadora es mala? Sin duda requerimos procesos de evaluación del proceso educativo, pero un examen de este tipo no puede ser el indicador evaluativo que requerimos. En pocas palabras: estos exámenes a profesores no sirven para evaluar su calidad docente. Y por consecuencia tampoco servirá para generar planes de mejora. Y hay más, en los diseños del INEE no se precisa conceptualmente la base de una evaluación docente: la definición conceptual de lo que se considera una buena enseñanza; y sin esta base ¡no hay referente de evaluación! Al carecer del referente y reducirse a pruebas cognitivas menores, están mostrando una contradicción performativa: pretenden evaluar la calidad con pruebas de mala calidad.
El modelo que concibe la evaluación desde un Servicio Profesional Docente, implica que están trasladando el modelo de la Nueva Gerencia Pública (Servicio Profesional de Carrera) que fue hecha para mejorar procesos estandarizados de administración pública al ámbito de la educación. Salto que no justifican en lo más mínimo.
Pero otra cosa muy preocupante es la falta de capacidades institucionales en la aplicación de sus pruebas. Ya no sólo los diseños son bastante malos, sino que el proceso de aplicación carece de las garantías mínimas de una evaluación que pretende ser competitiva: objetivos e imparciales, transparentes y verificables. Pero los procesos de evaluación desde su balazo de salida han estado llenos de irregularidades e insuficiencias. Se requiere que las autoridades hagan un alto y evalúen las evaluaciones, y con ello, mejoren la concepción básica de las mismas, los diseños y los procesos de implementación. Existen grupos de investigadores educativos de muy alto nivel en México para hacer ese trabajo, pero se requiere que las burocracias educativas les permitan actuar. De otra manera dichas burocracias saldrán (otra vez) reprobadas en la evaluación definitiva: el impacto final en la calidad educativa mexicana.
