Este 1 de junio se definió un aspecto crítico del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), incluyendo su vigencia y los futuros periodos de su revisión. México y Canadá han expresado su interés en continuar con el T-MEC por 16 años, mientras Estados Unidos se ha reservado su opinión. Estados Unidos pudiera sumarse a Canadá y México, no prorrogar el T-MEC (y abrir un plazo de 10 años para su renegociación y potencial disolución) o hasta anunciar su retiro del T-MEC avisando con seis meses de anticipación (escenario poco probable pero no descartable).
Más allá de tecnicismos, el propio Donald Trump y otros como Robert Lighthizer (representante de Comercio de Estados Unidos durante 2017-2021) han sido explícitos en señalar durante 2025-2026 que Estados Unidos no suscribirá nuevos tratados de libre comercio y propondrá “acuerdos recíprocos”, que explícitamente beneficien a Estados Unidos ( La Jornada, 15/10/25).
Los encuentros y aspectos específicos de la renegociación ya han comenzado hace varios meses, aunque, por el momento, con la notable ausencia de Canadá. Estados Unidos ha exigido desde diciembre de 2025 docenas de medidas a México para continuar con las preferencias comerciales (y buena parte de la discusión se ha concentrado en las reglas de origen y, particularmente, en la cadena global de valor de autopartes-automotriz); por el momento, los vehículos fabricados en Canadá, Estados Unidos y México debían contar con un porcentaje mínimo de contenido regional de 75 por ciento. La parte estadunidense ha lanzado la propuesta de un aumento a 85 por ciento y, además, contar con 50 por ciento estadunidense. Al menos tan importante es la decisión en torno a la extensión del T-MEC (por ejemplo, a 16 años) o, escenario opuesto, a renegociaciones anuales que generarían una enorme incertidumbre con respecto al propio T-MEC y a las decisiones estratégicas de las empresas afectadas.
La posibilidad de incrementar aranceles en toda la región, a 15 por ciento por ejemplo, también es un aspecto que circula en los pasillos de las negociaciones; homogeneizar las medidas arancelarias unilaterales de Estados Unidos desde 2025 también será un reto significativo para los tres países.
Un aspecto nuevo en la discusión informal en torno al T-MEC ha sido el planteamiento estadounidense de cerrar explícitamente la puerta a la inversión de empresas chinas en México (y en Canadá). Bajo el concepto de “trazabilidad” (screening) se buscaría definir la nacionalidad efectiva de la propiedad de las empresas en los países del T-MEC para prohibir, o restringir, su capacidad de cumplir con las reglas de origen del T-MEC. Es decir, si una empresa china invierte en México e integra las partes y componentes fabricadas en México para su exportación a Estados Unidos, se prohibiría, limitaría o no sería considerada en el cálculo sobre el contenido regional para acceder a los beneficios comerciales del T-MEC. El objetivo es contundente: no permitir que empresas asiáticas, particularmente chinas, integren valor agregado a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.
Las implicaciones de estas medidas, aparentemente técnicas, son mayúsculas para México. Resultarían en un profundo replanteamiento de los flujos comerciales y de inversión extranjera directa, enfatizando ahora la nacionalidad de la propiedad de la inversión, e incluso los vínculos políticos de los propietarios. Hoy pudiera prohibirse la integración de partes y componentes chinos de empresas vinculadas con el Partido Comunista de China, mañana pudieran ser empresas de otras nacionalidades vinculadas a partidos de derecha, con opiniones religiosas o que implementan estrategias de género, etcétera. Las erráticas medidas de las presidencias de Trump permiten imaginarse múltiples escenarios en el corto plazo y el T-MEC estaría supeditado a esta “trazabilidad”.
Esta discusión no es nueva. Como se analizó en esta columna ( La Jornada, 31/7/24), la visita de Janet Yellen en diciembre de 2023 (entonces secretaria del Tesoro bajo la presidencia del demócrata Joe Biden) propuso que México creara un grupo de trabajo justamente para registrar la “trazabilidad” de las empresas que invierten en México y explícitamente las chinas; Estados Unidos realiza estas labores desde hace más de un lustro por conducto del Comité de Inversión Extranjera de EU (CFIUS, por sus siglas en inglés) para negar inversiones chinas. Estas presiones estadunidenses, sin embargo, hasta el momento no han fructificado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no pareciera haber demostrado mayor interés al respecto. La exigencia estadunidense, sin embargo, vuelve a aparecer, ahora en el ámbito del T-MEC.
La discusión es muy significativa para México. Como se ha destacado recientemente ( La Jornada, 6/5/26), China se ha convertido en una fuente muy dinámica de IED en México en el siglo XXI, y acumuló casi 27 mil millones de dólares hasta 2025 (con base en los informes del Monitor de la OFDI china de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, y a diferencia de las cifras oficiales de la Secretaría de Economía). China pudiera convertirse en el mediano plazo en una de las principales fuentes de IED de México.
Ante la falta de una estrategia coherente y de una agenda sobre cientos de aspectos de México respecto a China, estas medidas aparentemente “técnicas”, la imposición de nuevos aranceles desde el 1/1/26 en contra de China y países sin acuerdos de libre comercio y la aquí descrita discusión sobre la “trazabilidad”, generan significativos antecedentes en la relación de México en contra de China, sin discusión nacional estratégica alguna y con enormes repercusiones para México en las siguientes décadas. Urge que los partidos políticos, organismos empresariales y el Legislativo comiencen una discusión sobre China. Es inadmisible que tecnócratas tomen decisiones de tal envergadura para México.
¿Será?
* Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM
