Cual delincuentes fuesen a quienes se buscan por haber cometido delito grave, en México se exhiben públicamente fotografías, nombres y datos personales de periodistas, así como de miembros del Poder Judicial, dejándolos en situación vulnerable si atendemos la espiral de violencia que recorre actualmente el territorio nacional. Se ha llegado a ese extremo gracias al discurso incendiario que día con día, utiliza el presidente López Obrador durante las mañaneras en Palacio Nacional, justificando su actitud en que el pueblo debe conocer y estar enterado sobre quiénes son los corruptos, los malos, los que están al servicio de la oligarquía, de los potentados y por tanto, defienden los intereses de éstos, porque reciben como pago por esos “trabajos”, altas cantidades de dinero.
Los ánimos de los diversos sectores de la sociedad no solo son diferentes sino también reaccionan con enojo y en afán de venganza, ¿por qué no, “hacerse justicia por sí mismos” contra los ricos y corruptos cómo los llama el presidente? ¿Por qué no?
Hace algunos días se filtraron datos de más de 300 periodistas entre mexicanos y extranjeros que diariamente en Palacio Nacional cubren la conferencia matutina de López Obrador. En internet se publicaron además de datos personales, fotografías y escaneo de identificaciones personales de los periodistas, la base datos (150 MB) se ha sido filtrada en foros clandestinos de internet.
Víctor Ruiz, fundador de la firma CIBER SEGURIDAD SILIKN dio a conocer la filtración y confirmó que se trata de un ataque al Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia.
De los documentos filtrados se encuentran pasaportes, identificaciones, RFC, nombres, correos electrónicos, teléfonos, direcciones, fecha de nacimiento, CURP y todos los datos personales de los periodistas que están acreditados para acudir a la conferencia matutina, lo cual es un gran riesgo para ellos o sus familiares, ante los ataques que hemos visto contra estos profesionales en todo el país.
Se trata de una filtración muy grave por el tema de confidencialidad, así como el tema de la privacidad, pero además en México hay un clima nada favorable para el periodismo o para los periodistas en general, por lo que pudiera afectarles tanto a ellos como a sus familias. El nuestro es uno de los países más letales contra la prensa con 163 asesinados y 32 desaparecidos, la filtración vulnera no solo su dignidad e intimidad, sino su seguridad física.
El lunes pasado al ser cuestionado sobre esta situación, con su acostumbrado cinismo y falta de seriedad López Obrador minimizó el problema y, acusó que el ataque fue para golpear a su gobierno, señalando como responsable a la oposición. Manifestó que sí hubo hackeo, se llevaron los datos de los periodistas que cubren la mañanera, para tratar de sembrar la idea de que es un dictador
Podemos manifestar sin lugar a dudas, que Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos no es víctima. Las víctimas son, en este caso los periodistas que se encuentran en riesgo, debido a la filtración de sus datos y documentos.
No es víctima, ni en este ni en muchísimos otros casos. Más bien son las personas quienes ven afectados sus derechos y que el Estado tiene la obligación de tutelar y abstenerse de impedir su ejercicio. En todo caso, como uno de los elementos del Estado del cuál el titular del Ejecutivo es el Presidente de la República, al igual que los titulares de los otros dos, tienen la obligación de garantizar el equilibrio de poderes.
Tan no es víctima que la reacción no solo de los periodistas sino en general, es constitucionalmente justificada, porque se trata de haber violentado uno de los derechos consagrados en la Parte Dogmática de la Carta de Querétaro, según el párrafo segundo del artículo 16 que textualmente indica:
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros”.
Es muy desafortunada esta justificación: “Nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo. Se va a informar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario. Hay que buscar la forma de saber qué fue lo que sucedió. Se va a investigar si falló la seguridad o fueron muy buenos hackeadores”.
Independientemente del origen, la filtración de base de datos existe. La responsabilidad es del gobierno, toda vez que actualmente el Coordinador Social y Vocero del Gobierno de la República, es Jesús Ramírez Cuevas, quien actúa bajo la dirección directa del López Obrador.
Lo más decente en esta circunstancia, es que el Ejecutivo pidiera la renuncia de su subordinado y no solo ofreciera la promesa a los periodistas de “que se va a investigar”, porque sería tanto como dejarlos expuestos a cualquier riesgo gritando para dar la orden: TRAS ELLOS.
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