La Intersectorial de Movimientos Sociales de Zacatecas exigió el retiro de las carpetas de investigación contra campesinos, estudiantes, activistas, docentes y personas detenidas durante la movilización del 9 de mayo, así como investigaciones contra mandos policiales y funcionarios estatales por posibles violaciones a derechos humanos, además de juicio político contra el gobernador David Monreal Ávila.
En conferencia de prensa realizada este sábado en la explanada del Congreso del Estado, representantes de organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, feministas, populares y de derechos humanos presentaron un posicionamiento conjunto en el que afirmaron que la represión del 9 de mayo no fue un hecho aislado, sino parte de una política estatal de criminalización contra la protesta social.
El pronunciamiento fue leído por la activista y productora Irma Rosa Hernández previo al encuentro “Luchadores Sociales de Zacatecas por el Rescate del Campo Mexicano”, convocado para este mismo sábado en la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), donde se abordaron temas como el impacto del T-MEC en el campo mexicano, la subordinación alimentaria en granos básicos y la participación de mujeres rurales en políticas públicas con perspectiva de género.
La Intersectorial señaló que Zacatecas está asolado por un abandono institucional, desigualdad territorial, precarización del campo, deterioro de los servicios públicos y una respuesta gubernamental basada en indiferencia, dilación y uso de la fuerza frente a la protesta.
Exigieron el retiro inmediato de las carpetas judiciales iniciadas contra personas que participaron en la movilización del 9 de mayo, así como garantías para el libre ejercicio de la manifestación.
También solicitaron investigar y sancionar al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; al secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral; al director de la Policía de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera, y a mandos policiales que integraron la cadena de mando durante operativos contra movimientos sociales.
En ese sentido, el posicionamiento relacionó los hechos del 9 de mayo con la represión del 8 de marzo de 2024 contra mujeres y la del 8 de septiembre de 2025 contra activistas del colectivo Sangre de mi Sangre. Afirmó que estos casos muestran un patrón de uso de la fuerza pública para controlar, silenciar o someter a la disidencia.
La organización también demandó al Poder Legislativo iniciar juicio político contra el gobernador David Monreal Ávila, a quien responsabilizó de una política estatal represiva y de presuntas violaciones graves y sistemáticas a derechos constitucionales, con perjuicio al interés público y al buen despacho de la administración estatal.
En materia de campo, exigieron el cumplimiento inmediato de los acuerdos de acopio de frijol firmados con productores, la emisión de boletas de pago en un plazo máximo de 72 horas tras la recepción del grano (señalaron que a la fecha no se han emitido boletas para casi la totalidad de los productores) y una auditoría independiente al programa del ciclo 2025. Plantearon también sacar el capítulo agropecuario del T-MEC, al que señalan como causa estructural de la descapitalización del campo.
El posicionamiento incluyó además un catálogo amplio de demandas: presupuesto justo y suficiente para Zacatecas, reforma hacendaria progresiva, rescate financiero de universidades públicas, fortalecimiento del sistema de salud, revisión del modelo de pensiones y seguridad social, incorporación de perspectiva de género en políticas públicas y garantías para el ejercicio de la manifestación. Las organizaciones aclararon que la Intersectorial busca construir una agenda común de largo plazo, aunque no todas las acciones serán asumidas por la totalidad de los grupos. «En los puntos donde haya coincidencia actuaremos de manera conjunta; en otros, cada organización mantendrá sus propias formas de movilización», señalaron.
Sobre el caso de dos productores que denunciaron exclusión del reparto de costales gestionado por líderes del movimiento frijolero que consiguió 2 mil toneladas de acopio en el programa Precios de Garantía, el posicionamiento no los nombró pero sí los aludió. «Existe total disposición al diálogo, a la revisión transparente de la información y al esclarecimiento puntual de cualquier situación», dijeron, para agregar a continuación: «Rechazamos que se pretenda trasladar la responsabilidad del Estado hacia un grupo de campesinas y campesinos organizados que luchamos por reglas claras y acceso equitativo al programa. Resulta preocupante que este caso haya sido utilizado desde páginas identificadas públicamente por su cercanía con el oficialismo para desacreditar al movimiento campesino.»
Las y los activistas informaron que el posicionamiento será entregado en la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ). También señalaron que buscarán documentar los hechos del 9 de mayo para respaldar las exigencias de investigación y juicio político.
