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jueves, 28 marzo, 2024
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Lucha de poderes

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Por: LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL •

Más importante que el 69% que votó por Santa Lucía en la consulta sobre el nuevo aeropuerto, es la constancia de que estamos cada día más en una sociedad politizada.
Ese es el saldo más importante, pues pese a los errores y al confeso complejo de inferioridad de quienes argumentaban “no ser suizos” o “expertos aeronáuticos” para tener derecho a opinar, es destacable la participación de un millón de personas, más los muchos que se mantuvieron pendientes del tema.
Con defectos, sí, pero incluso con ellos, este ejercicio cívico –en el que participó hasta José Antonio Meade) dio oportunidad de que se manifestaran todas las voces, y sobre todo nos permitió conocer mejor la opinión pública y distinguirla de la opinión publicada.

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Era esta última -las voces elegidas por concesionarios de radio y televisión- el único referente que teníamos anteriormente, a las que había que sumar las de la llamada “sociedad civil”, término con el que habitualmente se refieren a empresarios agrupados en consejos, cámaras, asociaciones y grupos patronales a quienes se considera siempre como acreditadas y con derecho a opinar sobre los temas públicos –y que bien que así sea- mientras se regatea el derecho a hacer lo mismo a organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones ecologistas, grupos campesinos, etcétera. Son estos últimos los que esta vez tienen oportunidad de expresar su opinión a través de la consulta.

Con esto, según apunta Salvador García Soto en El Universal (27 de octubre), López Obrador busca revestirse de fuerza popular y legitimidad (más de lo que de por sí le dieron las urnas) para avalar bien sea la decisión de cancelar el proyecto de aeropuerto en Texcoco, o bien para permitirlo con la posibilidad de negociar en otras condiciones.
Esta parece pues la primera gran batalla entre los poderes fácticos y el poder político de quien, como lo dijo bien Juan Carlos Monedero, ha ganado ya el gobierno pero no el poder.
En esta lucha, destacan las críticas que el presidente electo hizo al periodista Carlos Loret de Mola cuyo actuar tachó de irresponsable por la manera en la que hablaba del tema.

La observación de López Obrador es un error a todas luces, no tanto en lo ético –pues no hay violencia en el mismo- sino en lo estratégico, pues el periodista en cuestión por visible que sea, está muy lejos de ser un liderazgo de consideración cuyo trabajo penetre en la opinión pública.
A la vista está que sus comentarios editoriales no tuvieron efectos importantes en los resultados electorales de julio pasado; tampoco está en el imaginario colectivo ningún trabajo suyo como sí está la Estafa Maestra o la Casa Blanca de Peña Nieto. Su trabajo no sale a relucir en medio de los debates entre candidatos presidenciales como sí salían las portadas de la Revista Proceso.
No obstante, los poderes fácticos no tardaron en defender a Carlos Loret de Mola, y en manifestar su preocupación por la libertad de expresión como no lo hicieron cuando asesinaron a Javier Valdez, a Mirsolava Breach, y a otros 130 comunicadores desde que empezó el milenio. Tampoco cuando se sacó del aire a Carmen Aristegui o a José Gutiérrez Vivó; ni cuando golpearon a la reportera Karla Janeth Silva en la redacción de su medio en Guanajuato, y menos aún con las demandas judiciales que por sus trabajos han enfrentado la propia Aristegui, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer y más recientemente Humberto Padgett.

Paradójicamente, mientras en lo público se defendía la libertad de expresión de Loret de Mola, se despedía al profesor Pavel Lima Martínez del Centro de Educación Artística de Televisa por cuestionar en tuiter al periodista sobre el montaje del operativo donde supuestamente se detuvo a Florance Cassez.
Así, luego de 4 años de trabajo y pese a tener planta laboral, Lima Martínez fue despedido por Eugenio Cobo por un comentario en su carácter de ciudadano, en una actitud contrastante con la dramática preocupación que tienen por el autoritarismo.

La represión desmedida por una crítica a Loret de Mola sumada a la impunidad que le libró a él y a su empresa pese al montaje que metió al país en conflictos diplomáticos con Francia, hacen difícil de creer que en lo general, la estrella del canal de las estrellas actué de muto proprio. Ahí una imagen elocuente de la comodidad que goza hasta ahora el poder fáctico.
La defensa del alfil y el apocalipsis que dibujan por el riesgo de la cancelación de Texcoco hacen sentir que están desesperados aquellos que hasta ahora definían a la democracia “como un buen negocio”.

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