Las prioridades legislativas en materia laboral

Las prioridades legislativas en materia laboral

El día primero de septiembre se instalará la nueva Legislatura en el Congreso de la Unión, con la novedad fundamental de que ahora la izquierda mexicana será mayoría, lo que significa una gran oportunidad para aprobar una buena Reforma Laboral. El punto de partida es reconocer que esta reforma laboral es un renglón fundamental de la política social que el nuevo gobierno deberá impulsar. Recordemos que en febrero del año pasado se aprobó una profunda reforma constitucional en esta materia que implica un cambio radical en el sistema de justicia, ya que se ordena la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, trasladando sus funciones a los poderes judiciales federal y locales, se crean nuevas instituciones para impulsar la conciliación y se establece un paquete de reglas democráticas para que los trabajadores elijan una representación auténtica en estos procesos para superar la actual política de contención salarial, lo que generaría un efecto muy positivo en el cambio de modelo económico que la población reclama.
Para dar cumplimiento al mandato constitucional, deberá aprobarse un acuerdo sobre los cambios en el procedimiento laboral y el papel de los nuevos jueces, creando reglas que puedan cumplirse con prontitud tanto en temas individuales como colectivos para beneficio y seguridad jurídica de patrones y trabajadores; y diseñar una adecuada transición entre las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los nuevos tribunales laborales, de la que se habla poco pese a que tiene una gran importancia práctica y presupuestal.
Esta transición se ha frenado porque los poderes judiciales carecen de las condiciones para la recepción de tantos asuntos y, lo que parece peor, en el seno de las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje existe tanta precariedad que impide superar un añejo rezago, lo que impide el avance de la reforma. Por lo que se refiere a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el panorama es francamente desolador, producto en parte del abandono presupuestal implementado en los tres sexenios recientes. Durante 17 años se ha mantenido por parte de las autoridades hacendarias un criminal congelamiento salarial. Hoy por ejemplo, existen juntas con 30 mil expedientes y un solo actuario, un funcionario clave en el procedimiento, al cual se le ha privado de apoyos básicos para realizar su labor.
Pero lo peor es la política contraria a los trabajadores y favorable hacia determinados patrones, como el dueño de Grupo México, cuyos intereses son protegidos con instrumentos legales e ilegales por los sucesivos secretarios del trabajo y presidentes de las juntas. Es de esperarse que la nueva secretaria del ramo cambie esa política, imponga el respeto a la ley y abra el camino franco a la democratización de los sindicatos y a la transparencia en el uso de su patrimonio por parte de sus dirigentes. Grandes los retos en materia laboral.

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